Denuncian restricción en playa Pichilingue

Mediante redes sociales, usuarios de playas en la ciudad de La Paz han denunciado la privatización de una de ellas, específicamente la playa Pichilingue. Según las denuncias, el restaurante Aplein Soleil, ubicado a la orilla de la playa, instaló infraestructura y un cerco tipo "gallinero" para delimitar el área en plena orilla del mar. Colocaron postes de madera, camastros y un cerco que obstruye el libre tránsito para los visitantes y vendedores.

Metiches Por Naturaleza, una organización civil, catalogó esta acción como injusta. Arturo Hernández, comandante de Metiches Por Naturaleza AC, expresó su indignación al respecto:

"La realidad es que es brutal lo que llegamos a ver, cómo ponen literales un gallinero porque pone unas rejillas así como de las gallinas para que la gente no pase. Lo que buscamos es que no le quiten la concesión, sino que el mismo dueño quite esa reja, porque es injusto que la gente se tenga que meter al agua para cruzar de un lado a otro".

La Ley General de Bienes Nacionales establece que las playas son patrimonio de los mexicanos y de uso público. El Artículo 119 señala que la zona federal marítimo terrestre estará constituida por una faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas, desde la desembocadura de éstas en el mar, hasta cien metros río arriba. Infringir esta ley es considerado ilegal y puede llevar a la revocación de concesiones y multas de entre tres mil y hasta doce mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Por su parte, expertos ambientales exponen que, aunque se tenga una concesión, esta solo permite la explotación comercial de un bien nacional como las playas, pero no da derecho a impedir u obstaculizar el libre tránsito de las personas en la zona. Roberto López, experto en conservación ambiental, comentó:

"En este caso, se puso una malla que efectivamente impide el libre tránsito de las personas. Claro que está completamente mal. Hay que esperar si alguien ha hecho una denuncia formal y que la autoridad, como la Profepa, vaya a checar".

Organizaciones y expertos reconocen que, durante los últimos años, el problema ha aumentado. Hacen un llamado a la autoridad competente para intervenir de manera oportuna, proteger los espacios públicos y garantizar que las playas sigan siendo accesibles para todos.