Destraban disturbios en CEDH, entregan instalaciones
Después de ocho meses de conflicto interno, el Ministerio Público estatal entregó finalmente las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a su presidenta, Charlene Ramos. La entrega se realizó en punto de las 10 de la mañana, tras una orden de restitución emitida por una jueza que consideró que las oficinas habían sido tomadas de manera ilegal desde el 8 de enero del presente año.
Al ingresar a las oficinas, se procederá a levantar un inventario para evaluar su estado y supervisar aproximadamente 200 archivos que habían estado retenidos durante la ocupación. Se espera que en los próximos días las instalaciones reabran sus puertas al público, permitiendo así que la Comisión retome sus actividades con normalidad.
En una declaración, Charlene Ramos expresó su reconocimiento hacia la resolución de la jueza: "Esta jueza hace esta resolución con la cual yo reconozco, evidentemente el compromiso y el respeto a la garantía por los derechos de las personas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En ese sentido, en su calidad de ofendida, y evidentemente para beneficio y respeto de toda la ciudadanía en Baja California Sur".
La problemática comenzó en enero, cuando parte de los consejeros iniciaron una huelga y tomaron las instalaciones, denunciando a la presidenta por nepotismo y falta de transparencia en la gestión de recursos y procesos internos. En respuesta a estas irregularidades, Ramos solicitó al Congreso del Estado la designación de nuevos consejeros para fortalecer la institución y prevenir futuros ataques.
Ramos destacó: "Se entregó al Congreso del Estado una petición con las evidencias solicitando, en calidad de presidenta, la designación de nuevos consejeros que corresponde al Congreso del Estado".
La resolución judicial que permite la restitución de las instalaciones es un paso crucial para restablecer el orden y la confianza en la Comisión. Con la apertura inminente de sus oficinas, se espera que la CEDH vuelva a ser un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos en el estado.
