Durante enero 738 migrantes africanos llegaron a BCS
La llegada de migrantes africanos a tierras sudcalifornianas ha despertado la curiosidad de la población, quienes desconocen las causas de dicho fenómeno migratorio
Con miedo e incertidumbre 738 migrantes africanos han llegado desde el mes de enero a la ciudad de La Paz. Provenientes de Mauritania, Angola, Ghana, Somalia, Togo, Ruanda, Kenia y Senegal.
Han viajado más de 15 mil kilómetros para hoy encontrarse de paso por Baja California Sur. La mayoría está en camino a Estados Unidos o Canadá en busca del sueño americano, huyendo de la inestabilidad política, violencia y afectaciones climáticas de sus países.
"La situación no es tan mala, solo tenemos algunos problemas en nuestro gobierno, tu sabes es lo que nos hace salir de allí"
Quienes tienen su documentación en regla para estar en el país bajo la tarjeta de visitantes por razones humanitarias tienen un periodo de 20 días para moverse libremente. Ejerciendo su derecho de libre tránsito, optaron por esta nueva ruta ya que la encuentran más segura.
"De la totalidad de los africanos que se tienen identificados porque portan un documento que les permite a ellos el libre tránsito por el país, en este caso por baja california, los casos donde no portan documentos para poder acreditar una legal estancia en el país a esos si los estamos procesando"
Hasta el momento el Instituto Nacional de Migración en el estado ha registrado a 171 migrantes quienes no cuentan con su documentación en regla, mismos que serán sometidos a un riguroso proceso migratorio.
"Se les llama rescate, se aseguran a las personas, se hace un procedimiento migratorio y luego hacemos una conducción nosotros a tijuana que es la ruta que tenemos asignada y en tijuana hay una estación migratoria donde son alojados y son procesados para una posible o eventual deportación"
Autoridades hacen un llamado a la población a no tener temor de tal fenómeno migratorio, enfatizan que los viajeros no son criminales ni personas a quien temerles, solo buscan un lugar seguro y con oportunidades para tener una mejor vida.
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E.U. frena exportación de ganado mexicano por 15 días.
EL secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué, informó que la Secretaría de agricultura de EU le comunicó que suspenderá la exportación de ganado mexicano por 15 días para revisar la campaña conjunta contra el gusano barrenador.
Aunque se manifestó inconforme con la decisión, apostó al diálogo para solucionar el problema lo antes posible y que las afectaciones para la economía mexicana y el sector ganadero, sean las menores.
"No estamos de acuerdo en esta medida, pero confiamos en que en menor tiempo estaremos llegando a un acuerdo. Seguiré informando.", fue lo que escribió en redes sociales".
Campaña anti inmigrante de EEUU alcanzó a familias sudcalifornianas
Lo que parecía una campaña mediática se volvió realidad en Baja California Sur: dos jóvenes de Puerto San Carlos enfrentan cargos federales en EE. UU. tras intentar cruzar por mar.
Durante semanas, la promoción de la aplicación CBP One se movió en redes mexicanas como si fuera solo una campaña digital más. En el video Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos,invitaba a las personas migrantes a autodeportarse "voluntariamente".
Aunque el mensaje fue presentado con tono institucional, pronto fue tachado de propaganda migratoria, disfrazada de asistencia humanitaria. El impacto mediático fue inmediato: miles de usuarios en redes sociales en México criticaron el contenido, pero pocos imaginaron que sus efectos podrían tocar tan de cerca a sus comunidades.
Hasta ahora.
En Puerto San Carlos, Baja California Sur, el mensaje dejó de ser algo lejano y virtual. Julio César y Jesús Juan, dos jóvenes originarios de este puerto pesquero, fueron detenidos en San Diego, California, tras presuntamente intentar cruzar por mar. Hoy, enfrentan cargos federales por tráfico de personas y podrían ser condenados a pena de muerte, una posibilidad que ha estremecido a sus familias y a la comunidad entera.
Claudia García, cuñada de Julio César, afirmó que lo que están haciendo con su familiar y su amigo Jesús no tiene nada que ver con justicia, sino con una estrategia política:
"Quieren tomarlos como ejemplo, como una manera de demostrar lo que Estados Unidos puede hacer con los migrantes. No es un proceso justo, es una advertencia disfrazada de juicio", señaló.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido limitada. Si bien se anunció la intención de reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para impedir la difusión de este tipo de contenidos, no hay ningún pronunciamiento oficial respecto al caso de los jóvenes sudcalifornianos. Sus familias, mientras tanto, denuncian la ausencia de apoyo consular y la total incertidumbre sobre su situación legal.
Buscan ayuda para acusados en EEUU "Solo querían migrar"
Las severas políticas migratorias de la administración de Donald Trump impactaron en las familias sudcalifornianas. Dos jóvenes originarios de Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, se encuentran enfrentando graves acusaciones en los Estados Unidos que podrían llevarlos a una condena de pena de muerte.
El pasado 30 de abril, Julio César Zúñiga y Jesús Juan Rodríguez decidieron dejar atrás sus hogares en busca de mejores oportunidades económicas. Ambos se dedicaban al buceo y la extracción de moluscos, una actividad que, debido a la creciente precariedad del sector, ya no les garantizaba sustento suficiente para sus familias. Ante la difícil situación, optaron por emprender un viaje hacia Tijuana con la esperanza de alcanzar el sueño americano.
"Ellos son de Puerto San Carlos, Baja California Sur. Hay muchos testigos que pueden confirmar que ellos trabajaban la almeja generosa, la almeja chocolate y otras especies", señaló Claudia García Osuna, cuñada de Julio César, quien relató cómo los jóvenes tomaron la decisión de salir de su puerto natal.
El trayecto comenzó por tierra, cruzando la península hasta llegar a las playas de Tijuana, donde abordaron una panga con la promesa de llegar a Estados Unidos por mar. Sin embargo, el 4 de mayo, la comunicación con las familias se interrumpió, desatando la preocupación de sus seres queridos.
Pocas horas después, los medios de comunicación de Estados Unidos informaron sobre el naufragio de una panga frente a las costas de San Diego. En las redes sociales circuló un video en el que se observaba a Julio y Jesús intentando rescatar a otras personas del mar. El saldo fue trágico: cuatro muertos, entre ellos una menor de edad, cuatro personas heridas y siete localizadas, mientras que los dos jóvenes fueron detenidos.
Hoy, los sudcalifornianos enfrentan cargos de tráfico de personas con resultado de muerte, un delito que podría costarles la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, urgió al Fiscal General a procesar a los detenidos, sugiriendo incluso la pena capital en su contra.
"Por lo que se les está juzgando a ellos, y lo que han hecho saber, pues es que están pidiendo una pena de muerte o cadena perpetua, lo cual se nos hace injusto porque ellos hasta el último momento ayudaron a las personas a salir del mar," expresó Claudia García Osuna, visiblemente afectada por la situación.
Las familias de los jóvenes sudcalifornianos solicitan el apoyo del gobernador del estado, Victor Castro Cosío,asi como de las autoridades mexicanas y estadounidenses para evitar que se conviertan en víctimas de lo que consideran un proceso injusto, con tintes políticos más que legales.
"Nosotros no pedimos que los dejen libres, pedimos que sea literalmente lo que les toca, pero que sea justo con ellos, no que sean injustos como lo están queriendo hacer hasta el día de hoy," subrayó García Osuna, quien agregó que la acusación está siendo manejada de manera que no corresponde a la realidad de los hechos.
A través de cartas y mensajes, los familiares de los jóvenes hacen un llamado a la intervención de los tres niveles de gobierno para garantizar que se haga justicia en este caso. "Es momento de apoyar y decir, vamos a apoyar a Julio César, a Iván, a extraditarlos a México, y si no es así, que sea simplemente la justicia, pero que no sea una injusticia," concluyó García Osuna.
Este medio intentó ponerse en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a nivel estatal y federal, quienes canalizaron la solicitud al Instituto Nacional de Migración (INM). Según informes del instituto, se brindó atención a las víctimas del naufragio y se estableció contacto con siete mexicanos que fueron localizados ilesos en custodia de las autoridades migratorias.
No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido ninguna declaración sobre el estado legal de los sudcalifornianos acusados y, a pregunta expresa, no se confirmó si Estados Unidos brindó aviso de la situación al consulado mexicano.
Los dos jóvenes siguen atrapados en un limbo legal, desprovistos de apoyo consular, sin la posibilidad de comunicarse adecuadamente debido a la barrera del idioma, y sin el acompañamiento de sus familias.A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su postura sobre políticas migratorias, hasta ahora no se ha pronunciado sobre este caso específico