Especialistas advierten de violación a derechos con antidoping

La implementación de pruebas antidoping durante los operativos antialcohol en Torreón ha generado controversia. De acuerdo con especialistas, estas acciones podrían constituir violaciones a los derechos humanos y a la Constitución Mexicana.

Jesús Jasso Fraire, abogado, explicó que para practicar este tipo de pruebas, especialmente si se realizan en contra de la voluntad del conductor, es necesario contar con una orden judicial debidamente justificada.

"Debe haber una autorización por parte de un juez para que eso pueda llevarse a cabo aún en contra de la voluntad de la persona de la que se están solicitando los fluidos. Pero todavía esa petición a un juez debe estar plenamente justificada", afirmó.

Jasso puntualizó que, si una persona es detenida por presuntamente conducir bajo los efectos de drogas, la autoridad municipal debe ponerla a disposición del Ministerio Público, ya que es esta instancia la que tiene la facultad para ordenar la práctica de dichas pruebas.

"Quien tiene competencia para la práctica de esa prueba sería el Ministerio Público y no la autoridad municipal", enfatizó el abogado.

Derechos en riesgo

De acuerdo con el análisis de expertos, estas pruebas podrían vulnerar varios derechos constitucionales, entre ellos:

Privacidad e integridad personal contenido en el artículo 16; al debido proceso que se encuentra en el artículo 14; a la libertad de tránsito y libertad personal, establecida en el artículo 11, así como a la dignidad y no discriminación que se encuentra contenido en el artículo 1.

Además, se advierte que la práctica de estas pruebas podría contravenir tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Llaman a ponderar derechos con proporcionalidad

Desde la organización Alzando Voces Laguna A.C., su presidente, Héctor Emilio Macías Jurado, hizo un llamado a que las autoridades ponderen adecuadamente los derechos en juego, sin aplicar medidas desproporcionadas que afecten las libertades individuales.

"¿Cómo voy a afectar menos el derecho a no ser molestado para ponderar el derecho a la seguridad vial y a la vida de mis ciudadanos? Como autoridad, debo proteger, pero no ponderar un derecho con medidas desproporcionadas", advirtió.

Macías Jurado también señaló que, si realmente se busca inhibir el consumo de sustancias, las autoridades deberían enfocarse primero en establecer un marco integral de prevención.

"No van con la idea de proteger al ciudadano, porque si eso fuera, primero establecerían todo un marco, número uno, para que no se dé el consumo de drogas", criticó.

Desconfianza ciudadana aumenta la polémica

La controversia se agrava por la desconfianza que existe entre la ciudadanía hacia las autoridades. Aunque los funcionarios sostienen que el objetivo de estas medidas es garantizar la seguridad vial, persiste la percepción de que estas acciones vulneran derechos fundamentales y no responden genuinamente al interés público.