Fiscalía Anticorrupción investiga al Ayuntamiento de La Paz
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el caso de la contratación de "Chayanne", se busca esclarecer el destino de recursos públicos que se presume, fue utilizado para el contrato del artista internacional.
Luego de que trascendiera el supuesto mal uso de recurso otorgado al Ayuntamiento de La Paz por parte del Gobierno del Estado, quien giró un préstamo al municipio por la cantidad de 18 millones de pesos.
La Secretaría de Finanzas del Estado informó que este préstamo fue otorgado para solventar un déficit presupuestal, sin embargo, transcendió que tuvo como fin la contratación del puertorriqueño.
El fiscal Anticorrupción del Estado, Lenin Ortiz Amao, confirmó que se abrió una carpeta de investigación, luego de que presentaran denuncias en contra del Ayuntamiento de La Paz por supuesto desvío de recursos.
"El comité de participación ciudadana es quien re direcciona a la denuncia original y es a través de este comité de participación ciudadana de la fiscalía anticorrupción donde tenemos la noticia del hecho y con ella iniciamos la investigación", dijo el fiscal.
El fiscal explicó que existe una línea muy delgada que diferencia una responsabilidad administrativa de un delito de peculado. Una responsabilidad administrativa es competencia de los órganos internos de control de las contralorías, mientras que el delito de peculado le competente de la fiscalía anticorrupción.
Este caso se ha hecho mediático al tipo penal de peculado, delito que se encuentra previsto en el artículo 185 del código penal. El delito es cuando la distracción del recurso público va dirigido al servidor público en primer momento o para un tercero.
Mientras que, una responsabilidad administrativa a través de los órganos jurisdiccionales de contralorías se investiga cuando el dinero sea distraído para un detrimento al fin público, es decir, si el recurso tiene como fin la contratación para un tema social y se destinó para otro tipo de servicios, mientras sea un servicio público, no se habla de delito de peculado.
"Lo que sí cabría, sería una responsabilidad administrativa. Ahorita es competencia de la fiscalía investigar de lo que el código nacional estable que es la primera etapa investigación. Aquí se harán solicitudes de información, entrevistas que sean necesarias para establecer en un primer momento si este hecho es uno de los que la ley establece como delitos".
La investigación de este caso ha tomado su curso, de momento, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, no ha emitido declaración sobre el destino que tuvieron los 18 millones de pesos otorgados por el Gobierno del Estado.
