El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que ha generado un profundo rechazo entre los trabajadores del sistema judicial en México. A pesar de las críticas y preocupaciones expresadas por jueces y magistrados, el mandatario argumenta que la reforma busca combatir la corrupción en el poder judicial.
Este 19 de agosto, jueces y magistrados en México, incluidos los de Baja California Sur, anunciaron un paro indefinido de labores en protesta contra la reforma. Los trabajadores del poder judicial han expresado su preocupación por los posibles efectos negativos de la reforma en la autonomía e imparcialidad del sistema judicial, así como en los derechos laborales de los trabajadores.
El paro ha llevado a la suspensión de más de 10,000 asuntos judiciales en todo el país, afectando a miles de ciudadanos que dependen de la resolución de sus casos. Jorge Camacho Pérez, Director Regional de la Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del PJF, comentó: "Estamos atendiendo las demandas urgentes, pero el resto está paralizado porque la reforma no solo afecta a los titulares. Hay mucho en juego y no podemos dejar que todo quede a la suerte.
La reforma propuesta por el Presidente López Obrador incluye varias modificaciones significativas al sistema judicial, entre las que se destacan:
Elección Popular de Jueces: Los jueces serían elegidos por voto directo y secreto por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 años actuales.
Eliminación de las Salas: Las dos salas actuales del PJF serían eliminadas, y se realizarían sesiones públicas y transparentes, accesibles para todos.
Modificaciones en Pensiones y Remuneraciones: Se eliminaría la pensión vitalicia para ministros y se ajustarían sus remuneraciones.
Reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal: Se sustituiría por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
Nuevas Reglas Procesales: Introducción de cuatro reglas procesales: Justicia expedita, Suspensiones, Justicia local, y Fideicomisos del Poder Judicial.
Aunque la reforma ha sido respaldada por algunos sectores como una oportunidad para modernizar el sistema judicial, otros advierten sobre posibles riesgos. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado en Baja California Sur han manifestado que no se unirán al paro, considerando que la reforma podría ser una oportunidad para modernizar el sistema judicial.
Raúl Mendoza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura de Baja California Sur, afirmó: "En el ámbito local, no estamos participando en el paro. Creemos que toda reforma es válida siempre y cuando sea digna de análisis y revisión, y que se considere lo mejor para la justicia."
Por su parte, Jorge Camacho Pérez expresó su preocupación de que la reforma podría resultar en una toma de decisiones judiciales que no estén basadas en la experiencia y el conocimiento técnico, sino en factores políticos. "El riesgo es que la justicia se convierta en una especie de lotería en lugar de una práctica basada en la experiencia y la imparcialidad," concluyó.
El octavo transitorio de la ley establece que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias en las constituciones locales.
La reforma al Poder Judicial sigue generando un intenso debate en México. Mientras algunos ven en ella una oportunidad de mejora, otros temen que pueda desestabilizar el sistema judicial y afectar la justicia impartida a los ciudadanos. La comunidad jurídica y los trabajadores del poder judicial continúan vigilando de cerca los desarrollos y las implicaciones de esta importante reforma.