El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó formalmente los preparativos para organizar la elección del Poder Judicial (PJ) en el periodo 2024-2025, un proceso inédito y complejo en México.
En esta elección se definirán los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y jueces de distrito, entre otros. Sin embargo, el INE reconoce que enfrenta importantes desafíos debido a la falta de leyes secundarias que regulen este tipo de elecciones.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó que, aunque se inicia el proceso con calidad y transparencia, será necesario emitir acuerdos ante la ausencia de una legislación clara que guíe el camino. Añadió que próximamente se reunirá con legisladores para discutir los puntos críticos del proceso. El número de cargos a elegir podría superar los 800, aunque aún se deben definir temas como la geografía electoral y el presupuesto necesario.
El Consejo General del INE aprobó también la creación de una Comisión Temporal para supervisar el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. Esta comisión será presidida por Jorge Montaño, y contará con la participación de las consejeras Norma de la Cruz y Rita Bell López. Los consejeros enfatizaron la importancia de garantizar la equidad en la contienda, vigilando de cerca las reglas sobre campañas, financiamiento y acceso a medios de comunicación.
Claudia Zavala, otra consejera del INE, señaló que, dada la complejidad del proceso, no todas las respuestas estarán en la ley, por lo que el INE tendrá que construir los lineamientos adecuados para enfrentar los desafíos. "Las reglas deben establecerse antes del proceso, no durante", insistió, destacando la importancia de los principios de certeza y legalidad en la organización de este evento histórico.
El INE también planea implementar medidas de vigilancia para garantizar que se respeten las reglas en torno a la propaganda electoral y el uso de medios como radio y televisión. La institución busca asegurar que no haya financiamiento privado o indebido en las campañas, protegiendo la equidad de la elección.
El reto es grande, pero el INE confía en su capacidad para sacar adelante este proceso sin precedentes en la historia del país.