La homosexualidad no tiene "cura"
Como se informaba en la primera entrega, Las terapias de conversión han sido prohibidas por el senado, pues violan los derechos del individuo a ejercer de manera libre su sexualidad.
En su experiencia, la psicóloga sexóloga menciona que ha recibido sobre todo a padres de familia que desean un tratamiento psicológico para sus hijos con el fin de corregir esas conductas sexuales. Sin embargo, no existe un tratamiento efectivo que pueda revertir las preferencias sexuales.
"Es mucha la presión social, la familiar, hay muchos problemas para que puedan conseguir un buen empleo o han sido agredidas o han sido violentadas." Jessica Casillas, Psicóloga sexóloga
Las terapias de conversión consistían en procesos de agresión físicos y violentos por medio de sensaciones desagradables incluso hasta violaciones, por lo que, para la especialista, realizar este tipo de terapias supuestamente curativas, pueden provocar un daño mayor psicológico.
"Justo a ti comienzan las terapias de conversión en el ámbito familiar y en los espacios religiosos, o sea estás creencias de curar algo, realmente no es una enfermedad, entonces como te comentaba realmente no hay algo, un hecho científico que compruebe que estos métodos funcionen para alterar esta orientación o identidad". Germán Calzada, psicólogo
Algunos anexos en Torreón contra las adicciones, también ofrecen tratamientos para "curar" la homosexualidad, sin embargo, se hace un llamado atento a la ciudadanía por parte de la unidad de prevención al delito y las adicciones a no caer en este tipo de terapias que además de ser ilegales, lucran con el dinero de la gente.
En esta ciudad se han dado a conocer 3 casos de personas anexadas, por lo que se procede primero se liberar a la persona, pues al estar sin su voluntad, se considera que está privada de la libertad y después se hace una amonestación al anexo.
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Asesinan a candidata de Morena por la alcaldía de Texistepec
La noche de este domingo, Yesenia Lara Gutierrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, al sur del estado, fue atacada a tiros cuando realizaba su recorrido de campaña.
De acuerdo a testigos, se reportan al menos siete lesionados más de manera preliminar.
Cabe destacar que sujetos desconocidos dispararon contra el contingente, provocando la muerte de al menos tres personas, entre ellos la aspirante morenista.
Lara Gutiérrez era viuda del exregidor Enrique Argüelles, quien también fue asesinado en noviembre de 2022, en circunstancias igualmente violentas.
Hasta el momento, las autoridades brindado información al respecto.
Campaña anti inmigrante de EEUU alcanzó a familias sudcalifornianas
Lo que parecía una campaña mediática se volvió realidad en Baja California Sur: dos jóvenes de Puerto San Carlos enfrentan cargos federales en EE. UU. tras intentar cruzar por mar.
Durante semanas, la promoción de la aplicación CBP One se movió en redes mexicanas como si fuera solo una campaña digital más. En el video Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos,invitaba a las personas migrantes a autodeportarse "voluntariamente".
Aunque el mensaje fue presentado con tono institucional, pronto fue tachado de propaganda migratoria, disfrazada de asistencia humanitaria. El impacto mediático fue inmediato: miles de usuarios en redes sociales en México criticaron el contenido, pero pocos imaginaron que sus efectos podrían tocar tan de cerca a sus comunidades.
Hasta ahora.
En Puerto San Carlos, Baja California Sur, el mensaje dejó de ser algo lejano y virtual. Julio César y Jesús Juan, dos jóvenes originarios de este puerto pesquero, fueron detenidos en San Diego, California, tras presuntamente intentar cruzar por mar. Hoy, enfrentan cargos federales por tráfico de personas y podrían ser condenados a pena de muerte, una posibilidad que ha estremecido a sus familias y a la comunidad entera.
Claudia García, cuñada de Julio César, afirmó que lo que están haciendo con su familiar y su amigo Jesús no tiene nada que ver con justicia, sino con una estrategia política:
"Quieren tomarlos como ejemplo, como una manera de demostrar lo que Estados Unidos puede hacer con los migrantes. No es un proceso justo, es una advertencia disfrazada de juicio", señaló.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido limitada. Si bien se anunció la intención de reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para impedir la difusión de este tipo de contenidos, no hay ningún pronunciamiento oficial respecto al caso de los jóvenes sudcalifornianos. Sus familias, mientras tanto, denuncian la ausencia de apoyo consular y la total incertidumbre sobre su situación legal.
Buscan ayuda para acusados en EEUU "Solo querían migrar"
Las severas políticas migratorias de la administración de Donald Trump impactaron en las familias sudcalifornianas. Dos jóvenes originarios de Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, se encuentran enfrentando graves acusaciones en los Estados Unidos que podrían llevarlos a una condena de pena de muerte.
El pasado 30 de abril, Julio César Zúñiga y Jesús Juan Rodríguez decidieron dejar atrás sus hogares en busca de mejores oportunidades económicas. Ambos se dedicaban al buceo y la extracción de moluscos, una actividad que, debido a la creciente precariedad del sector, ya no les garantizaba sustento suficiente para sus familias. Ante la difícil situación, optaron por emprender un viaje hacia Tijuana con la esperanza de alcanzar el sueño americano.
"Ellos son de Puerto San Carlos, Baja California Sur. Hay muchos testigos que pueden confirmar que ellos trabajaban la almeja generosa, la almeja chocolate y otras especies", señaló Claudia García Osuna, cuñada de Julio César, quien relató cómo los jóvenes tomaron la decisión de salir de su puerto natal.
El trayecto comenzó por tierra, cruzando la península hasta llegar a las playas de Tijuana, donde abordaron una panga con la promesa de llegar a Estados Unidos por mar. Sin embargo, el 4 de mayo, la comunicación con las familias se interrumpió, desatando la preocupación de sus seres queridos.
Pocas horas después, los medios de comunicación de Estados Unidos informaron sobre el naufragio de una panga frente a las costas de San Diego. En las redes sociales circuló un video en el que se observaba a Julio y Jesús intentando rescatar a otras personas del mar. El saldo fue trágico: cuatro muertos, entre ellos una menor de edad, cuatro personas heridas y siete localizadas, mientras que los dos jóvenes fueron detenidos.
Hoy, los sudcalifornianos enfrentan cargos de tráfico de personas con resultado de muerte, un delito que podría costarles la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, urgió al Fiscal General a procesar a los detenidos, sugiriendo incluso la pena capital en su contra.
"Por lo que se les está juzgando a ellos, y lo que han hecho saber, pues es que están pidiendo una pena de muerte o cadena perpetua, lo cual se nos hace injusto porque ellos hasta el último momento ayudaron a las personas a salir del mar," expresó Claudia García Osuna, visiblemente afectada por la situación.
Las familias de los jóvenes sudcalifornianos solicitan el apoyo del gobernador del estado, Victor Castro Cosío,asi como de las autoridades mexicanas y estadounidenses para evitar que se conviertan en víctimas de lo que consideran un proceso injusto, con tintes políticos más que legales.
"Nosotros no pedimos que los dejen libres, pedimos que sea literalmente lo que les toca, pero que sea justo con ellos, no que sean injustos como lo están queriendo hacer hasta el día de hoy," subrayó García Osuna, quien agregó que la acusación está siendo manejada de manera que no corresponde a la realidad de los hechos.
A través de cartas y mensajes, los familiares de los jóvenes hacen un llamado a la intervención de los tres niveles de gobierno para garantizar que se haga justicia en este caso. "Es momento de apoyar y decir, vamos a apoyar a Julio César, a Iván, a extraditarlos a México, y si no es así, que sea simplemente la justicia, pero que no sea una injusticia," concluyó García Osuna.
Este medio intentó ponerse en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a nivel estatal y federal, quienes canalizaron la solicitud al Instituto Nacional de Migración (INM). Según informes del instituto, se brindó atención a las víctimas del naufragio y se estableció contacto con siete mexicanos que fueron localizados ilesos en custodia de las autoridades migratorias.
No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido ninguna declaración sobre el estado legal de los sudcalifornianos acusados y, a pregunta expresa, no se confirmó si Estados Unidos brindó aviso de la situación al consulado mexicano.
Los dos jóvenes siguen atrapados en un limbo legal, desprovistos de apoyo consular, sin la posibilidad de comunicarse adecuadamente debido a la barrera del idioma, y sin el acompañamiento de sus familias.A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su postura sobre políticas migratorias, hasta ahora no se ha pronunciado sobre este caso específico
