Javier Bello Orbe, excomandante de la Policía Ministerial de Guerrero, fue liberado el 12 de diciembre de 2024, tras una decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo
La jueza determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlo con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso emblemático que ha marcado la lucha por la justicia en México. Bello Orbe había estado detenido en el penal federal del Altiplano durante seis días, acusado de participar en delitos como la delincuencia organizada y la desaparición forzada de personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) había presentado más de 120 pruebas en su contra, basadas en testimonios de testigos protegidos que afirmaron que Bello Orbe bloqueó el paso de los autobuses donde viajaban los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, durante la audiencia, la jueza concluyó que ninguno de los testigos lo identificó directamente por nombre o fotografía, lo que llevó a su liberación. En su resolución, Duarte Cedillo destacó que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar su probable participación en los hechos ocurridos en Iguala.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" ha sido objeto de múltiples investigaciones y ha generado un clamor social por justicia
A pesar del esfuerzo judicial, el caso sigue sin resolverse plenamente, lo que ha dejado a las familias de los normalistas en una búsqueda constante por respuestas. La decisión de liberar a Bello Orbe ha generado controversia y usuarios en redes, han señalado que pone en evidencia las deficiencias en la recolección de pruebas y el proceso judicial en torno a este caso.
Desde el inicio del caso Ayotzinapa, se han procesado alrededor de 151 personas, incluidos civiles y miembros de las fuerzas armadas. Las acusaciones han recaído sobre diversos funcionarios y policías vinculados con el crimen organizado, específicamente con el grupo Guerreros Unidos. A pesar de estos avances, muchos críticos señalan que las autoridades aún enfrentan desafíos significativos para deslindar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas.
En esta misma semana, la jueza Duarte Cedillo también rechazó modificar la medida cautelar para dos militares implicados en el caso, quienes permanecerán en prisión mientras se esclarecen los hechos