¿Qué tan buenos son los productos naturales?

Las gasolineras de la región Puebla-Tlaxcala bajo la franquicia de Pemex han recibido durante las últimas semanas solo el 35 por ciento de su abasto programado. Esto de acuerdo con Luz María Jiménez Almazán, presidenta de la Asociación de Gasolineros Unidos de los Estado de Puebla y Tlaxcala.

Mediante un comunicado la presidenta comentó que este desabasto ha propiciado que al menos tres estaciones en Puebla no cuenten con combustible desde el pasado 7 de mayo.

Destacó que las franquicias a sugerencia de Pemex, firmaron un contrato de suministro con diferentes comercializadoras, las cuales se surten directamente de Pemex, sin embargo, al ocurrir este tipo de problemas, la empresa se deslinda del hecho.

Finalmente agregó que se ha enviado una carta a Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, para que les brinden apoyo, sin embargo, no han recibido respuesta de su parte.

 Corporaciones de seguridad en Baja California Sur han reconocido un aumento alarmante en los incendios registrados en casas y predios abandonados, siendo la acumulación de basura el principal detonante de estos siniestros.

Tan solo en los meses de marzo y abril, el Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz atendió 25 servicios vinculados a incendios provocados por residuos como colchones, llantas, plásticos y otros objetos acumulados en zonas deshabitadas.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2025 se han reportado 556 siniestros, mientras que en todo 2024 se registraron 1,894 servicios, de los cuales 545 correspondieron a incendios en casas habitación y predios abandonados.

En colonias como Pueblo Nuevo, los vecinos relatan que desde hace más de una década el abandono de viviendas ha propiciado la entrada de intrusos, la acumulación de basura y la proliferación de animales nocivos para la salud. "La han quemado dos veces, cinco veces la han quemado, y no podemos hacer nada porque el dueño vive ahí", compartió María Luisa Escobar, habitante de Pueblo Nuevo, en relación con una vivienda vecina que representa un foco constante de peligro. "Sí nos afecta porque hay animales: ratas, cucarachas, está muy sucio, tienen mucha basura", agregó.

Según datos de SEDATU, hasta el último registro en 2020 se contabilizaban 3,484 viviendas de interés social abandonadas en Baja California Sur. Del total, La Paz concentra 2,084, seguida por Los Cabos con 965, Comondú con 278, Mulegé con 106 y Loreto con 51.

Las causas principales del abandono incluyen la pérdida de empleo de los beneficiarios del crédito, el incumplimiento en los pagos y los cambios de domicilio.

Habitantes de otras colonias, como El Esterito, también expresan su preocupación. "Se comienzan a subir toda la noche, están molestando, se oye un ruido allá, se meten a robar", denunció Rosa Castro, residente del área. "Yo digo, pues si no van a servir esas casas, ¿por qué no las derrumban o el dueño hace algo?"

Las autoridades enfrentan un doble reto: controlar los incendios provocados por el abandono de predios y desarrollar una estrategia integral que prevenga la inseguridad, el vandalismo y los riesgos sanitarios. Mientras tanto, las comunidades afectadas urgen acciones inmediatas para detener esta problemática que pone en riesgo la seguridad y salud pública.

Lo que parecía una campaña mediática se volvió realidad en Baja California Sur: dos jóvenes de Puerto San Carlos enfrentan cargos federales en EE. UU. tras intentar cruzar por mar.

Durante semanas, la promoción de la aplicación CBP One se movió en redes mexicanas como si fuera solo una campaña digital más. En el video  Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos,invitaba a las personas migrantes a autodeportarse "voluntariamente".

Aunque el mensaje fue presentado con tono institucional, pronto fue tachado de propaganda migratoria, disfrazada de asistencia humanitaria. El impacto mediático fue inmediato: miles de usuarios en redes sociales en México criticaron el contenido, pero pocos imaginaron que sus efectos podrían tocar tan de cerca a sus comunidades.

Hasta ahora.

En Puerto San Carlos, Baja California Sur, el mensaje dejó de ser algo lejano y virtual. Julio César y Jesús Juan, dos jóvenes originarios de este puerto pesquero, fueron detenidos en San Diego, California, tras presuntamente intentar cruzar por mar. Hoy, enfrentan cargos federales por tráfico de personas y podrían ser condenados a pena de muerte, una posibilidad que ha estremecido a sus familias y a la comunidad entera.

Claudia García, cuñada  de Julio César, afirmó que lo que están haciendo con su familiar  y su amigo Jesús  no tiene nada que ver con justicia, sino con una estrategia política:

"Quieren tomarlos como ejemplo, como una manera de demostrar lo que Estados Unidos puede hacer con los migrantes. No es un proceso justo, es una advertencia disfrazada de juicio", señaló.

La respuesta del gobierno mexicano ha sido limitada. Si bien se anunció la intención de reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para impedir la difusión de este tipo de contenidos, no hay ningún pronunciamiento oficial respecto al caso de los jóvenes sudcalifornianos. Sus familias, mientras tanto, denuncian la ausencia de apoyo consular y la total incertidumbre sobre su situación legal.