Por: Andrés Solis
Son los testimonios de la violencia "pues los enfrentamientos siguen, el jueves hubo uno acá por el camino de San Andrés rumbo a Huajicori, entonces el camión que iba para la comunidad de san Andrés, pues se tuvo que regresar, con todos los pasajeros".
"No sé, ante esa situación, sentimos pena y como siguieron insistiendo, llegando en la comunidad, y luego el Ejército también llegó, entonces optamos por salirnos".
México enfrenta una crisis de seguridad donde grupos criminales han tomado el control de los territorios.
Alberto Guerrero Baena, consultor en Seguridad, Justicia y Movimientos Sociales, indica. "estamos pasando de esos dos mil 400 municipios que tiene el país, alrededor de 75-80% del territorio, gozan de la presencia de varios grupos, no solamente globales, sino inclusive son cárteles locales".
Mientras que Guadalupe Correa Cabrera, profesora de Política de Gobierno en la Universidad George Mason, explica, "es producto de dos cosas, de una política de seguridad fallida, de la militarización misma, que fragmenta o ha fragmentado a estos grupos y que ha dado una lógica muy distinta a las organizaciones que ahorita conocemos que supuestamente son las importantes como Sinaloa y Jalisco".
En septiembre de 2022 la Organización de Activistas Digitales conocida como Guacamaya, se infiltró en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) de donde obtuvo millones de archivos sobre las actividades de las fuerzas armadas.
De este hackeo masivo se obtuvieron documentos que mostraron presencia de grupos criminales en al menos tres de cada cuatro municipios, donde las organizaciones de Sinaloa y Jalisco controlan la mayoría y hasta imponen funcionarios públicos para atender sus intereses criminales.
La situación empeora en regiones que se disputan los grupos criminales, como los Altos de Jalisco, sierra sur de Chiapas, zonas limítrofes de Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Durango, la región de Tierra Caliente que comparten los estados de México, Michoacán y Guerrero.
"Por el miedo a no ser violentadas, a ser secuestradas o asesinadas, pues entregan parte de lo que son los recursos públicos, de la hacienda pública, como un impuesto a estos grupos criminales", destaca Alberto Guerrero Baena, consultor en Seguridad, Justicia y Movimientos Sociales.
El gobierno no acepta que hayan perdido el territorio.