Exigen a Segob garantizar derechos humanos en proceso electoral
Ante la escalada de violencia que ha dejado más de 160,000 personas asesinadas y 44,000 desaparecidas, así como innumerables eventos violentos en múltiples entidades del país, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) "Lex-magister" hizo un llamado urgente a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Lujan, para que asuma una responsabilidad directa en la protección de los derechos humanos de quienes buscan cargos públicos.
El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, resaltó que México ha experimentado una grave crisis en la violación de garantías individuales, que "afecta especialmente a grupos vulnerables como migrantes, personas desplazadas, mujeres, adultos mayores, indígenas, comunicadores y menores, en los últimos años".
Fierro Hernández enfatizó la importancia de que los aspirantes a cargos públicos se comprometan a defender los derechos humanos y al estado mexicano a trabajar por su protección. Además, subrayó la necesidad de que los futuros gobernantes tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.
El abogado Fierro Hernández, galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que esta administración federal ha superado el número de homicidios dolosos, superando los 150,000 casos contabilizados durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Recordó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México enfrenta otra crisis derivada de la violencia, con más de 105,000 personas desaparecidas, muchas de ellas menores de edad reclutados para trabajos forzados como la trata de personas y el crimen organizado.
El doctor en derecho también alertó sobre la alarmante violencia contra los medios de comunicación en México, situándose como el país donde se han registrado la mayor cantidad de asesinatos y ataques a periodistas en los últimos años. Además, resaltó la difícil situación de las personas migrantes, quienes han sido víctimas de las redes de narcotráfico, carecen de acceso a medicinas y atención médica, y enfrentan múltiples desafíos.
