La violencia contra periodistas va en crecimiento en México, y el estado de Guanajuato figura las más peligrosas entidades para ejercer el periodismo, esto de acuerdo con el informe anual de la organización Artículo 19, titulado "Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información".
Durante el año 2024, la organización tiene un registro de 639 agresiones contra la prensa en todo el país, esto representa un incremento del 13.9 por ciento respecto al año anterior.
En este contexto Guanajuato ocupó el quinto lugar nacional, con 32 agresiones documentadas, tan solo por debajo de la Ciudad de México, y los estados de Guerrero, Veracruz y Puebla.
"La verdad se ha convertido en una moneda de cambio en el juego del poder; el informe busca develar las barreras que enfrenta este derecho, como las agresiones contra la prensa, la falta de transparencia institucional y el olvido de la justicia", sostuvo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
El reporte detalla que en promedio cada 14 horas se registra un ataque contra la prensa en el país. Entre ellos el asesinato de cinco periodistas y el primer caso en lo que va del año, el asesinato de Mauricio Cruz Solís.
Sobre las agresiones a los periodistas el Estado mexicano fue responsable de casi la mitad 44.91 por ciento, con 287 casos atribuidos a autoridades de distintos niveles de gobierno.
El informe también señala el uso de acoso judicial y agresiones digitales como métodos de censura.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo atrajo 84 investigaciones, la mayoría de los casos se quedan en manos de las fiscalías estatales, muy frecuentemente sin resultados.
En el informe se hace un llamado urgente para que los gobiernos estatales y el federal implementen una política real de protección a periodistas, centrada en la prevención, justicia y reparación del daño.
"El 84.77 por ciento de los casos presentados ante la FEADLE permanecen en la impunidad. Esta falta de compromiso con la justicia y el desdén hacia las víctimas refleja una amenaza seria para la democracia", subrayó la organización.
Además Artículo 19 advirtió sobre el debilitamiento institucional en áreas clave como la transparencia y la protección de derechos humanos, a raíz de decisiones como la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información -INAI- y la expansión del control gubernamental sobre los datos personales y la información pública.
El informe agrega la preocupación por la creciente vigilancia digital y el uso de tecnologías invasivas sin supervisión adecuada por parte del Estado.
Critica la normalización de la tragedia en temas como la desaparición forzada y la falta de justicia para las víctimas.
La organización solicitó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum retomar el diálogo con la sociedad civil para construir soluciones integrales que garanticen el derecho a la información, la libertad de expresión y el ejercicio seguro del periodismo en todo el país.
