Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Pensiones de 2021, que topaba de manera retroactiva las jubilaciones superiores a 120 mil pesos, al iniciar 2025 el IPEJAL suma nuevos actores políticos que entran dentro de la categoría de las llamadas pensiones doradas.
Si bien la Corte desestimó que la medida de recortar las pensiones pudiera ser retroactiva, sí autorizó topar a los nuevos pensionados a un monto máximo. Es por ello que los nuevos personajes que integran la lista de beneficiarios con pensiones doradas, los montos máximos, no superan los 130 mil pesos.
Entre los nuevos beneficiarios a las pensiones por arriba de los 100 mil pesos, se encuentra el exsecretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, con una pensión mensual de 124 mil pesos y el exsecretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco, con una pensión mensual de 127 mil pesos. Quienes también aparecen en el listado de pensionados, están la exmagistrada del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Liliana Alferez Castro, con 127 mil pesos y el docente Roberto Ocegueda Villaseñor, con 110 mil pesos.
El caso de Bosco Pacheco está generando controversia dentro de corporaciones policiacas. En redes sociales, grupos de policías acusan que el elemento no cumple con el tiempo requerido para la jubilación. Datos del propio comandante, en una entrevista de 2016, señalan que inició su carrera en la policía de Guadalajara en 2001, a los 23 años, es decir, tiene 25 años y no los 30 que se requieren para jubilarse.
Los personajes que reciben las pensiones más altas y que en su momento se ampararon para evitar que se las toparan, se encuentra el exmagistrado Eleuterio Valencia Carranza; con una pensión de 208 mil pesos; el exauditor Alonso Godoy Pelayo que recibe 198 mil pesos mensuales; los ex consejeros de la Judicatura, María Carmela Chávez Galindo y Jorge García González, quienes reciben 183 mil y 182 mil pesos respectivamente; el exsenador Eugenio Ruiz Orozco; con 181 mil pesos; el actual senador Francisco Ramírez Acuña, con 179 mil ; el exregidor Francisco Javier Hidalgo y Costilla con 177 mil ; los exmagistrados Miguel Ángel Estrada Nava, con 174 mil y Lucia Padilla Hernández con 173 mil pesos, mismo monto que recibe la exmagistrada del Tribunal Electoral, Ana Violeta Iglesias Escudero.
Mientras la cifra de superpensionados sigue en aumento, el IPEJAL enfrenta de nuevo una debacle. Entre las opciones está el aumento en las aportaciones hasta el equivalente a 50% del salario de trabajadores, de lo contrario, IPEJAL no podría sobrevivir más allá de 2036. Actualmente, el porcentaje de aportaciones respecto al salario de los burócratas en el estado es del 32 por ciento,
"Nos queda claro que el Instituto tiene problemas estructurales, económicos y administrativos. Es por este motivo que tenemos que dejar claro que los afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no somos los responsables por el estado financiero que guarda el mismo. Y con dicha situación, existe la posibilidad de transgredir los derechos adquiridos y la expectativa de derecho de quienes aportamos para obtener una pensión digna", expresó José Ángel Rodríguez Valdez, secretario general del Fesijal
El déficit actuarial actual del Ipejal es de más de 301 mil millones de pesos. Mientras tanto, los problemas en Pensiones del Estado se agravan. sindicatos de trabajadores al servicio del estado y los municipios recriminan presuntas anomalías en la operación del Instituto. Actualmente, el Ipejal tiene 131 mil 915 afiliados, mientras que el número de pensionados es de 48 mil 203. Los pagos anuales a estos últimos, de pensión y prestaciones, suman, 11 mil 26 millones de pesos. Los 118 pensionados que ganan más 100 mil pesos, se eroga en ellos 186 millones de pesos al año.
El gobierno de México defendió este martes su compromiso con la protección a los derechos de propiedad intelectual, luego de que Estados Unidos pusiera al país en la lista de observación prioritaria por presuntas deficiencias en la aplicación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC, según su más reciente "Reporte Especial 301?"
En respuesta, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguraron en un comunicado conjunto que México mantiene un "fuerte compromiso" en la protección de los derechos de propiedad intelectual tanto para la industria nacional como para socios comerciales.
Enfatizaron que diversas fases de la llamada "Operación Limpieza", emprendidas por distintas dependencias federales en coordinación con autoridades locales y en las que se han incautado importantes cantidades de mercancías ilegales, han logrado importantes avances en la lucha contra productos que infringen la propiedad intelectual.
La Secretaría de Economía recordó que mantiene el diálogo abierto y de colaboración con EE.UU., al asegurar que la mayoría de sus observaciones se encuentran "en vías de solución".
Asimismo, destacaron la publicación en marzo pasado de un Acuerdo de cooperación entre el IMPI y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el cual busca garantizar transparencia y eficiencia en el registro sanitario de medicamentos y la protección de la propiedad industrial.
"Continuaremos trabajando, como hasta ahora, en colaboración con EE.UU. en materia de propiedad intelectual", declaró el gobierno mexicano
Además las autoridades mexicanas informaron que el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, sostendrá encuentros con diversos funcionarios de la USTR durante su visita a Washington D.C. a partir de este martes.
El informe emitido por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), señaló que México presenta "preocupaciones significativas y consistentes" en la protección de propiedad intelectual, especialmente en la falta de investigaciones y sanciones contra la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor.
México ahora se encuentra en esta lista a lado de países como Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela.
En cinco estados de la república les permiten a las parejas adoptantes devolver a los niños.
Esos estados son Campeche, Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato y la ley contempla que cuando los menores no cumplen con las características esperadas por las parejas regresar a las niñas y niños al DIF, detalló Luis Peña Cruz, encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del DIF.
Esto resulta cruel al nivel de que la adopción se puede desestimar como si se tratara la devolución de un producto comprado en internet.
Los fundamentos para regresar a los menores al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, son porque son tímidos o porque sufrieron de abandono, abuso sexual o violación sexual y esto los dejo con profundos traumas o porque padecen enfermedades alguna discapacidad o hasta por el color de piel.
A estas adopciones en los cinco estados se les llama adopciones simples revocables esto atenta contra los derechos de los infantes, los revictimiza y les causa daños emocionales irreversibles.
Las parejas adoptantes llegan a los sistemas DIF con una serie de exigencias que solo muestran egoísmo y superficialidad, pues exigen tener hijos adoptados con características físicas y sicológicas, o los desean para llenar pérdidas de sus hijos.
Es por eso que el 9 de abril la Procuraduría Federal de Protección de NNA promovió cinco juicios de amparo en contra de los Congresos de Campeche, Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato con respecto a la existencia de la adopción simple.
Gracias al esfuerzo conjunto de brigadistas estatales, municipales y federales, el incendio forestal en Los Amoles, ubicado en los municipios de Moroleón y Yuriria, fue controlado y extinguido en su totalidad.
En estas acciones participaron combatientes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), las coordinaciones municipales de Protección Civil de Yuriria y Moroleón, la Brigada del Cerro de Amoles de Ecología Municipal de Yuriria, y personal de Seguridad Pública y Agua Potable de Moroleón.
Una vez concluidas las labores de control y liquidación, se llevará a cabo la desmovilización ordenada de las brigadas que participaron en el operativo.
En el Centro de Mando instalado en la zona, se llevó a cabo la reunión de cierre operativo, en la que formalmente se entregó el área afectada a las autoridades municipales de Moroleón y Yuriria, quienes darán continuidad a las labores de vigilancia y prevención en el perímetro.
