Red delictiva en Infonavit afecta a miles de derechohabientes

En "la mañanera del pueblo" Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reveló diversos casos de corrupción que han afectado al organismo en los últimos años. Estos incidentes han involucrado a empresas, notarios y empleados del instituto, resultando en perjuicios significativos para los trabajadores derechohabientes

Uno de los casos más destacados es el de la empresa Telra Realty. En 2014, esta compañía fue contratada por el Infonavit para diseñar y operar una plataforma destinada a gestionar soluciones de vivienda para acreditados que cambiaban de residencia. El contrato original ascendía a 100 millones de pesos, y la empresa tenía un plazo de dos años para entregar la plataforma. Sin embargo, al finalizar el periodo establecido, Telra Realty no cumplió con la entrega del servicio contratado. Lejos de imponer sanciones por el incumplimiento, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó en 2016 una indemnización a favor de la empresa por un monto de 5 mil millones de pesos. Esta decisión ha sido cuestionada por su falta de justificación y por el evidente detrimento al patrimonio de los trabajadores.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una triangulación de recursos entre las empresas contratadas por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del instituto que se desempeñaba como asesor de la dirección general en 2018, lo que sugiere posibles actos de corrupción y conflicto de intereses.

Otro caso relevante es el del programa denominado Línea III, creado para financiar a constructores de vivienda destinados a los derechohabientes

Este programa fue propuesto por las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios, y presentado al Consejo de Administración para su aprobación sin estudios técnicos o financieros adecuados. Se identificaron 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 que no fueron concluidos, generando adeudos al Infonavit por 575 millones de pesos. Adicionalmente, otros 18 desarrolladores acumulan deudas por 768 millones de pesos debido a deficiencias en el seguimiento de pagos. Estos desarrollos, promovidos por los sectores de trabajadores y autorizados entre 2016 y 2018, recibieron recursos para la compra de terrenos, obtención de licencias y permisos de construcción, así como para infraestructura. No obstante, las viviendas no fueron construidas, y en algunos casos, las empresas recibieron recursos adicionales provenientes de los créditos de los trabajadores, quienes comenzaron a pagar por viviendas que nunca se les entregaron. Esta situación ha dejado a numerosos derechohabientes sin vivienda y con créditos atrapados, sin posibilidad de acceder a una nueva financiación.

Asimismo, se ha descubierto una red delictiva dentro del Infonavit que opera en 21 entidades del país, en la cual participan empleados del instituto, notarios públicos y constructoras

Esta red se dedica a vender una misma vivienda a varios trabajadores, otorgando múltiples créditos sobre una sola propiedad. Hasta la fecha, se han identificado 12 mil créditos relacionados con la compra de mil 400 viviendas, lo que implica que cada una de estas propiedades fue vendida hasta cuatro veces en un año. Este esquema fraudulento ha estafado a los trabajadores, descontándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, acumulando un monto superior a mil 200 millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que uno de los objetivos de su reforma a la Ley del Infonavit es incrementar la transparencia en el instituto y permitir que sus actividades sean auditadas de manera más efectiva. Esta reforma propone reducir el número de miembros en la Asamblea General y en el Consejo de Administración del Infonavit, incrementando la participación del gobierno, lo cual ha generado controversia y críticas debido a la reestructuración del organismo y cambios en el uso de fondos.

Octavio Romero Oropeza defiende la reforma argumentando que permitirá un mayor control y prevención de corrupción. Sin embargo, sindicatos han expresado su descontento y planean llevar sus quejas a la Organización Internacional del Trabajo. La discusión final sobre esta reforma está programada para el periodo ordinario de sesiones del Congreso en febrero de 2025