La Cámara de Diputados de México aprobó recientemente, en lo general, la reforma que llevará a la desaparición de varios organismos autónomos, incluido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Este cambio ha generado gran preocupación entre la sociedad y expertos, ya que el Coneval ha jugado un papel crucial en la medición de la pobreza en el país y en la evaluación de los programas sociales.
El Coneval es un organismo autónomo que, aunque recibe financiamiento público, opera de manera independiente de los poderes del gobierno, como la Presidencia. Su principal función es medir la pobreza en México, utilizando datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mientras que el Inegi se encarga de recolectar información estadística sobre diversos aspectos del país, el Coneval usa estos datos para determinar cómo se encuentra la pobreza en las distintas regiones de México.
Gracias a su trabajo, el Coneval proporcionaba a los tres niveles de gobierno, así como a organizaciones civiles, información actualizada sobre la pobreza en el país, lo que les ayudaba a diseñar políticas y programas sociales más efectivos. Cada dos años, el Coneval publicaba un informe detallado sobre la pobreza en México, que servía de base para la implementación de nuevas iniciativas o para evaluar los resultados de las políticas existentes.
Además de su función como referente para los gobiernos, los informes del Coneval también eran esenciales para que las organizaciones civiles pudieran comparar las cifras oficiales con la realidad sobre el terreno. Esto ayudaba a verificar las afirmaciones de los gobiernos sobre el progreso en la lucha contra la pobreza, y a desmentir posibles declaraciones engañosas.
Con la reciente aprobación de la reforma, el Coneval desaparecerá y se le atribuirán sus funciones al Inegi, con la justificación de que ambas instituciones realizaban tareas similares. Sin embargo, los expertos advierten que la desaparición del Coneval podría generar incertidumbre sobre cómo se medirá la pobreza en el futuro. Aunque el Inegi podría tomar algunos de estos roles, la falta de detalles claros sobre cómo se implementarán estas medidas deja un vacío de confianza en el proceso.
Además, muchos cuestionan si la integración de estas funciones en el Inegi realmente traerá beneficios en términos de eficiencia o si simplemente resultará en una centralización de tareas que podría reducir la transparencia y la calidad de los análisis. Sin el Coneval, se teme que el análisis de los programas sociales y su impacto en la pobreza carezca de la rigurosidad que caracterizaba a este organismo.
Por lo tanto, la desaparición del Coneval podría tener consecuencias significativas para la medición de la pobreza y el diseño de políticas públicas, especialmente si no se establecen de manera clara las nuevas estructuras y mecanismos que lo reemplazarán. Sin duda, este cambio en la política pública genera incertidumbre sobre el futuro de la medición y evaluación de la pobreza en México.