Gobierno pasa por encima de indígenas en megaproyectos
Son varias las acciones legales que han promovido habitantes de comunidades con población indígena, quienes denuncian violaciones a sus derechos entre otras irregularidades con el desarrollo de megaproyectos en la región. Se encuentran casos como el de la Planta de Amoniaco y la Termoeléctrica de Iberdrola, pero además, acciones propias del Gobierno como es el desazolve del río Fuerte.
En este último caso, indígenas de San Miguel Zapotitlán se dicen afectados por los trabajos realizados por la CONAGUA en una zona de la ribera del río que ha sido balneario para la comunidad y un sitio donde desarrollan actividades tradicionales propias de sus costumbres. Con el cambio de Gobierno, ha quedado inconcluso el compromiso por parte de CONAGUA de conceder una concesión al pueblo indígena. También señalaron impacto ecológico por la tala significativa de árboles y afectación a la fauna del lugar.
Al promover una acción legal, el Juzgado Quinto de Distrito dictó la suspensión provisional de los trabajos, sin embargo, pese a la orden judicial, las acciones continúan en el río, demandantes han señalado el aparente desacato por parte de la dependencia federal.
Otro megaproyecto es la Planta de Amoniaco. Hay dos suspensiones definitivas dictadas por el Juzgado Sexto de Distrito en respuesta a dos acciones legales emprendidas por habitante indígena de la comunidad de Lázaro Cárdenas y un pescador de Paredones. Esta semana, se ordenó la suspensión provisional de los trabajos de construcción por otro amparo que promovió un habitante de El Muellecito, comunidad con población indígena. Las dos primeras acciones legales fueron promovidas por la falta de dicha consulta, la última por presuntas irregularidades en materia ambiental.
Hace pocos años, la Suprema Corte de Justicia dispuso que pueblos y comunidades indígenas están en su derecho a ser consultados cuando haya actividades del Estado de impacto significativo en su vida o entorno, fundamentándose en la Constitución y convenio de la OIT. Esta consulta debe ser previa y a través de un protocolo, tomando en cuenta varios elementos "algo que pudiera impactar en el entorno de los indígenas se les tiene que consultar y es todo un protocolo... que emana de la ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas", dijo Leonides Gil, asesor legal.
Mencionó que no es una obligación de los empresarios o desarrolladores de los proyectos hacer una consulta indígena, sino del Gobierno exigir la realización de la misma, sin embargo, esto no ocurre en los megaproyectos antes señalados y que son de impacto significativo, "la consulta no es una obligación de la empresa hacerla, es del Gobierno, del área donde corresponde quien va a dar los permisos", expresó.