El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó su preocupación este viernes por la reforma constitucional en México que podría ampliar los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. A través de un comunicado, Türk señaló que la medida contraviene principios fundamentales de derechos humanos, destacando que la prisión preventiva automática debería ser una excepción y no la norma.
Türk explicó que la prisión preventiva "no debe ser una práctica general", sino una medida que debe basarse en una decisión judicial individualizada, en la que se evalúen las circunstancias específicas de cada caso. El alto comisionado subrayó que, aunque México enfrenta retos en materia de seguridad y justicia, ampliar el uso de la prisión preventiva no es la solución.
El funcionario recomendó, en lugar de aumentar el uso de la prisión preventiva, fortalecer las capacidades de las fiscalías para reunir evidencia que permita una acusación más sólida. Además, sugirió que se demuestre la necesidad y proporcionalidad de esta medida ante un juez, considerando alternativas a la privación de la libertad cuando sea posible.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos recordó que organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria han instado a México a eliminar la prisión preventiva oficiosa de su legislación. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también declaró que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó al país ajustar su sistema legal en consecuencia.
La reforma en cuestión fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en revisión en el Senado. Esta modificación busca añadir nuevos delitos, como la extorsión, el contrabando y ciertos delitos relacionados con las drogas, a la lista de cargos que automáticamente llevarían a prisión preventiva.
Además de la reforma sobre la prisión preventiva, Türk expresó inquietud por otros cambios en el sistema judicial mexicano. En septiembre de 2024, México aprobó una reforma judicial que incluye medidas como la elección popular de jueces, la terminación anticipada de sus mandatos y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades. El alto comisionado advirtió que estas disposiciones podrían poner en peligro la independencia del Poder Judicial, lo que afectaría gravemente la capacidad del Estado para defender el derecho.
La preocupación de Naciones Unidas resalta la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho en medio de las reformas que se están llevando a cabo en México. Las recomendaciones de Türk subrayan la necesidad de balancear la seguridad con los principios fundamentales de justicia.