Publicidad oficial en Coahuila: Gastos millonarios en elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó recientemente a México de no cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, afectando a los agricultores del estado de Texas.

El 10 de abril de 2025, Trump advirtió que, si no se respetan los términos del acuerdo, impondrá sanciones y aranceles al país. Su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha reforzado esta postura, defendiendo los intereses de los agricultores texanos.

Según Trump, México debe a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua (más de 1,600 millones de metros cúbicos) y como medida de presión, ha detenido los envíos de agua a Tijuana. Legisladores texanos también han solicitado que este tema se incluya como parte de las negociaciones arancelarias entre ambos países.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió el 11 de abril asegurando que México está comprometido con el tratado. A pesar de las dificultades causadas por una sequía prolongada, afirmó que se realizará una entrega inmediata de agua a Texas. "A los agricultores de Texas, va a haber una entrega inmediata de un número determinado de millones de metros cúbicos", declaró.

Sheinbaum negó que haya necesidad de modificar el acuerdo binacional. Señaló que el tratado sigue siendo justo, ya que Estados Unidos entrega mucho más agua a México del río Colorado que lo que México proporciona del río Bravo. También explicó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) trabaja en soluciones técnicas para cumplir con el acuerdo, sin necesidad de generar un conflicto diplomático.

¿Qué establece el Tratado de Aguas?

El Tratado de Aguas de 1944, firmado y ratificado por ambos países, regula el uso de las aguas de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana.

México debe entregar a Estados Unidos 2 mil 160 millones de metros cúbicos de agua cada cinco años, mientras que Estados Unidos debe enviar hasta 9 mil 250 millones de metros cúbicos a México.

En caso de sequía, el tratado permite compensar el agua faltante en ciclos posteriores. Sin embargo, el cambio climático ha complicado este cumplimiento. Las prolongadas sequías han reducido los niveles de agua en las presas y ríos, especialmente en el Bravo, lo que genera tensión entre los dos países.

El tratado busca garantizar una distribución equitativa de este recurso vital, esencial para la agricultura, la industria y el consumo humano en la región. La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), una organización binacional, es la encargada de supervisar y garantizar el cumplimiento del tratado.

Sin embargo, la escasez de agua, exacerbada por la sequía y el cambio climático, ha puesto en evidencia las dificultades para cumplir con los términos acordados.

¿Cómo inició el conflicto actual?

El conflicto se intensificó por la presión del gobernador de Texas, Greg Abbott, y legisladores texanos, quienes señalaron que la falta de agua para riego podría causar pérdidas de hasta 993 millones de dólares al año.

Esto ha llevado a una postura más dura por parte del gobierno estadounidense, que incluso rechazó una solicitud mexicana para recibir agua del río Colorado destinada a Tijuana.

Esta negativa fue interpretada como una represalia, agravando aún más la disputa. Tijuana depende en un 90% del agua proveniente del río Colorado, por lo que la decisión impacta directamente a miles de personas en esa región fronteriza.

El actual conflicto demuestra la fragilidad de este acuerdo, especialmente ante el aumento de sequías y el cambio climático. A pesar de los retos, tanto México como Estados Unidos han mostrado disposición para dialogar y buscar una solución que garantice el acceso justo al agua en ambos lados de la frontera.

Ayuntamiento de Ahome niega señalamientos de la ASE contra funcionarios

Luego de que surgieran versiones sobre presuntas irregularidades en el gobierno municipal de Ahome, el responsable del Órgano Interno de Control, Dalvingh Iturrios Corrales, aseguró que hasta el momento no hay ninguna acusación formal ni citatorio legal contra funcionarios, incluido el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Iturrios explicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revisó una auditoría del año 2021 y que, aunque compartió información con la Fiscalía Anticorrupción, eso no significa que haya responsabilidades legales ni procesos abiertos.

"No hay ningún señalamiento de algún servidor público o alguien que haya trabajado en el Ayuntamiento de Ahome y que sea responsable de algún hecho que sea contrario a la ley", aseguró.

El funcionario insistió en que no hay señalamiento directo contra ningún trabajador actual o pasado del Ayuntamiento de Ahome, ni tampoco existe proceso legal en curso. Recalcó que no han recibido ninguna notificación oficial ni del Ministerio Público ni de algún tribunal.

También dijo que desde el gobierno local aseguran que están actuando conforme a la ley y que, ante cualquier revisión, mantienen la disposición de colaborar. Cerró insistiendo en que no hay ninguna acción jurídica concreta contra el municipio ni contra el alcalde.

"Mucho menos hay alguna responsabilidad que recaiga sobre nuestro presidente municipal", concluyó.

Gobierno minimiza denuncias de desplazamiento y saqueos en Choix

Negó que existan reportes de saqueos cometidos por elementos del Ejército Mexicano

Durante una conferencia de prensa de la vocería del Gobierno de Sinaloa, el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro, negó que existan reportes de saqueos cometidos por elementos del Ejército Mexicano en las comunidades afectadas por la violencia en el municipio de Choix.

Además, descartó categóricamente que haya desplazamiento forzado de familias en localidades como Bacayopa, a pesar de los testimonios de habitantes que aseguran haber sido expulsados por grupos armados tras los recientes enfrentamientos.

Las declaraciones del funcionario contrastan con lo que han relatado pobladores de la sierra, quienes aseguran haber huido tras ataques con drones, incendios de viviendas y la presencia de hombres armados que, además de sembrar el terror, también habrían saqueado pertenencias en sus casas.

Mientras el Gobierno insiste en que no hay desplazamientos ni abusos, en los hechos las comunidades permanecen en silencio, con calles vacías y familias que lo han dejado todo para intentar salvar la vida. Hasta ahora, no hay cifras oficiales sobre el número de personas afectadas ni medidas claras para garantizar su retorno o seguridad.

"No hay denuncias de saqueo, sí puedo afirmar que las fuerzas armadas han venido contribuyendo al combate a la violencia y la inseguridad", expresó Feliciano Castro.

"Una comisión de SEBIDES acudió a la zona afectada, llevaron apoyos, la gente no se salió, la gente sigue allá, y eso es la expresión de que hay condiciones de que la gente permanezca estable". Aseguró el funcionario.

El Secretario General de Gobierno dijo que sí hubo un desplazamiento pero este fue preventivo de 26 personas a través del Ayuntamiento.