Tras reanudarse la audiencia para desahogar la situación legal de los ex colaboradores de Silvano Aureoles que se encuentran aprehendido por desvío de recursos y vínculos con el crimen organizado, la jueza de control determinará si serán liberados o se les imputará una sentencia condenatoria por los hechos ya mencionados. Al momento, el ex gobernador del Estado, Silvano Aureoles se encuentra prófugo y huyendo de Estado en Estado, de acuerdo a lo mencionado en días pasado por el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla.
Los cuatro ex silvanistas implicados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, se les acusa igual que Aureoles, del desfalco de aproximadamente 5 mil millones de pesos durante la construcción de cuarteles regionales de la entonces policía de Michoacán.
La orden de aprehensión fue girada también contra Guillermo Loaiza, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo quien se especula que viajó a Argentina y aún no es localizado para enfrentar a la justicia como los 4 ya en prisión preventiva. Los cargos señalados para los anteriores acusados son explícitamente: peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los cuatro exfuncionarios detenidos se encuentran bajo la medida de prisión preventiva, por el riesgo de fuga.
Los costos en los cuarteles ascendieron a: Apatzingán: 210 millones 562 mil pesos, Coalcomán: 216 millones 699 mil pesos, Huetamo: 128 millones 277 mil pesos, Jiquilpan: 212 millones 999 mil pesos, Lázaro Cárdenas: 294 millones 616 mil pesos, Uruapan: 268 millones 624 mil pesos y Zitácuaro: 220 millones 659 mil pesos. Fue el pasado lunes que el gobernador señaló que estos no deberían de haber costado más de 190 millones de pesos cada uno.