22 de agosto, Día del bombero

La Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó una advertencia tras observar el primer proceso de elección popular de jueces y magistrados en México: no recomienda que este modelo se aplique en otros países de la región.

Según el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE), el sistema presenta múltiples fallas que podrían poner en riesgo la imparcialidad e independencia del poder judicial.

La elección, realizada el 1 de junio de 2025, marcó un hecho sin precedentes a nivel mundial al permitir que la ciudadanía eligiera directamente a más de 880 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, la participación fue baja, con apenas el 13% de los electores acudiendo a las urnas. Además, los votos nulos y no marcados alcanzaron el 10.80%, lo que generó preocupación en el organismo internacional.

En el documento, la OEA señala que la falta de exámenes estandarizados en el proceso de selección generó dudas sobre la idoneidad de los perfiles de los candidatos. También advirtió que el nuevo sistema podría motivar decisiones judiciales con fines electorales, ya que se permite la reelección y se establecen mandatos de nueve años, lo que podría llevar a los jueces a actuar según las preferencias del electorado en lugar de criterios jurídicos.

Otro punto de preocupación fue el presunto reparto de "acordeones" con listas de candidatos recomendados, lo que podría constituir una forma de coacción al voto. Aunque no se ha confirmado, la misión pidió a las autoridades mexicanas investigar estos hechos.

En cuanto a los resultados, la MOE observó que los candidatos afines al oficialismo ocuparán los principales cargos judiciales, lo que podría dar al Gobierno un control significativo sobre el nuevo Poder Judicial. Seis de los nueve nuevos ministros de la Corte fueron propuestos por una comisión del Ejecutivo, mientras que tres ya formaban parte del tribunal.

La misión también señaló que organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado inquietudes similares sobre la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que podría vulnerar los estándares internacionales de independencia judicial.

Finalmente, la OEA advirtió que las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027, podrían coincidir con las elecciones generales del país. De mantenerse este calendario, existe el riesgo de que las decisiones judiciales se contaminen aún más con intereses políticos.

A tres semanas de haber iniciado la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Etchojoa, representantes del pueblo Yoreme mantienen cerradas las instalaciones de forma indefinida ante la falta de respuesta de los gobiernos federal y estatal.

Miguel Ángel Parra, segunda autoridad tradicional Yoreme, lamentó que hasta el momento no se haya presentado ningún funcionario para entablar diálogo ni atender sus demandas. "No hay respuesta de nadie, ni del gobierno federal ni del estatal. Y eso nos deja claro que nuestros derechos no están siendo tomados en cuenta", declaró.

La toma del INPI responde a un compromiso realizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 20 de mayo de 2022, durante una visita a la región, prometió que se entregaría tierra a todos los integrantes del pueblo Yoreme, sin embargo, a más de dos años de aquella promesa, las comunidades aseguran que no se ha cumplido.

Parra precisó que entre las exigencias centrales se encuentra la revisión de tierras ejido por ejido, parcela por parcela y polígono por polígono, para garantizar que se respeten y reconozcan los territorios que históricamente pertenecen al pueblo Yoreme.

El líder tradicional también criticó la actitud del gobernador del estado, quien recientemente realizó un recorrido por Etchojoa y pasó frente al edificio tomado sin siquiera detenerse o saludar a los manifestantes. "Ni un saludo, ni una palabra. Esa indiferencia duele y demuestra la desconexión con los pueblos originarios", dijo Parra.

Las puertas del INPI permanecerán cerradas, advirtieron los manifestantes, hasta que un representante del gobierno federal acuda directamente a la comunidad para ofrecer soluciones reales y verificables a sus demandas.

Lo que pudo haber terminado en una tragedia se convirtió en una escena de angustia con final milagroso, luego de que dos trabajadores quedaran suspendidos en el aire al desplomarse un andamio en la construcción del nuevo hospital del IMSS, en esta ciudad.

El incidente ocurrió hoy, cuando, por causas aún no esclarecidas, una estructura metálica cedió a varios metros de altura, los obreros, equipados con arneses de seguridad, quedaron colgando de una cuerda, luchando por mantenerse en posición mientras pedían ayuda.

Según testigos, fueron docentes de una escuela primaria cercana quienes, al escuchar los gritos de auxilio, observaron la dramática escena desde sus aulas. Sin dudarlo, dieron aviso inmediato a otros trabajadores y a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida movilización y rescate.

Aunque los arneses evitaron una tragedia, el desplome del andamio pone en entredicho la supervisión de las medidas obligatorias en construcciones de este tipo.

Hasta el cierre de esta edición, el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha emitido un comunicado oficial, y se espera que en las próximas horas se realice una inspección por parte de autoridades laborales y de protección civil.