Aprueban "Ley Ingrid" para castigar filtración de fotos de víctimas
El Congreso capitalino aprobó hoy la Ley Ingrid, que busca sancionar penalmente a servidores públicos que de forma indebida difundan fotografías, videos, información reservada o documentos del escenario de un delito o algún hallazgo relacionado con algún procedimiento penal.
El dictamen reformará el Código Penal local con el que se podrían imponer de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en dichos actos.
La adición del Artículo 293 Quáter, señala que "se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos".
Además se precisó que las sanciones previstas aumentarán si la información que se difunde tiene como fin menoscabar la dignidad de las víctimas o sus familiares; se trate de cadáveres, mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o el estado de salud de la víctima.
El dictamen se realizó a propuesta de iniciativas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las diputadas Isabela Rosales Herrera de Morena, Gabriel Quiroga Anguiano del PRD y Ana Patricia Báez Guerrero del PAN.
¿Cómo surgió la Ley Ingrid?
Ingrid Escamilla tenía 25 años había terminado una maestría en la Universidad de Puebla. Amaba tanto viajar que decidió estudiar Administración de Empresas Turísticas en Puebla. Sus familiares la recuerdan como una mujer feliz y sociable.
Pero todo lo borró un horrible crimen: su brutal feminicidio, el 9 de febrero de 2020, en Ciudad de México, a manos de su pareja.
Ya muerta, sin embargo, Ingrid siguió siendo victimizada, debido a la filtración de una imagen: la de su cuerpo despedazado a manos de su pareja. Su feminicidio horrorizó al país en febrero pasado.
La imagen se difundieron en medios de comunicación, presuntamente fueron filtradas por policías que acudieron a la escena del crimen. No solo habían asesinado a Ingrid, su cuerpo era exhibido como mercancía en las primeras planas de varios medios y redes sociales.
Esa misma semana, Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de la CDMX para que se castigue a las y los funcionarios públicos que filtren información, fotografías o videos de las víctimas, que las vulnere más o revictimice.
La Ley Ingrid contempla una pena de hasta ocho años de cárcel, por difundir este tipo de información, y el doble (16 años) si quienes lo hacen son funcionarios públicos.
