En Nayarit, hay al menos dos aspirantes a un cargo de elección popular acusados de violencia política de género y dos alcaldes que recibieron una sentencia por haber cometido este tipo de actos contra mujeres de su administración.
En el caso de los aspirantes está:
Adicionalmente, el exalcalde de Santiago Ixcuintla, Rodrigo Ramírez fue sancionado por el Tribunal Electoral por haber cometido, violencia política en razón de Género contra Paloma López Barrios, presidenta del DIF, quedando inscrito en el listado Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género durante 4 años, lo que le impediría reelegirse.
El alcalde de Del Nayar, Adán Frausto y la regidora Blanca Canare también fueron sancionados por haber cometido violencia contra la síndica Marina Carrillo y obstaculizar sus labores en el ayuntamiento, el edil y la regidora fueron incluidos en el Registro de personas sancionadas por violencia de género, por 30 y 15 días respectivamente, quedando imposibilitados para reelegirse.
Existe además un señalamiento que pesó en 2019 sobre Ignacio Flores, precandidato de Movimiento Ciudadano, pues una trabajadora del ayuntamiento acusó haber sido víctima del Director de Desarrollo Rural y Ecología, de acoso y hostigamiento sexual, denuncia que no tuvo repercusiones hasta que se filtró a medios locales, y la Comisión de Defensa de Derechos Humanos intervino. En aquel 2019, el ahora precandidato fue acusado de encubrir el delito.
De este caso, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit aseguró que el ayuntamiento de la Yesca, cumplió con la recomendación emitida por la comisión luego de la denuncia por acoso y hostigamiento sexual denunciado por una trabajadora, además de atender las recomendaciones el órgano de control interno decidió actuar y despedir al directivo que transgredió los derechos de la trabajadora. El entonces alcalde, Ignacio Flores inició una investigación, pidió capacitaciones para el personal en materia de perspectiva de género y violencia política de género, se comenzó con la construcción de un protocolo de atención a este tipo de casos y la víctima fue incluida en el padrón de víctimas para recibir atención psicológica y asesorías. "Ahí hubo una sanción pecuniaria, todo estos puntos de la recomendación fueron atendidos de manera puntual. Hubo por ahí un pequeño desacuerdo en el tema del monto de la reparación económica, al final pues si se resolvió, se resolvió y la persona quedó satisfecha con las recomendaciones y con la reparación que se le hizo".