INE avala candidatura de la saxofonista María Elena Ríos
María Elena Ríos, la saxofonista que sufrió un ataque con ácido en Oaxaca en 2019, logró que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara su candidatura como diputada por Morena.
La consejera Carla Humphrey apoyó la propuesta de continuar con el registro de Ríos Ortiz como candidata suplente en la Cuarta Circunscripción y fue postulada para ocupar una candidatura indígena, la consejera dijo que la saxofonista pertenece a una comunidad indígena de Oaxaca y tras haber sido atacada con ácido en 2019 tuvo que desplazarse a la Ciudad de México.
"Debe concluirse que el cumplimiento del requisito de la calidad indígena para una comunidad perteneciente a una circunscripción distinta es suficiente para tenerla por acreditada en el caso concreto, que me parece que es lo relevante en este caso, al tratarse de una acción afirmativa para personas indígenas".
Le querían quitar la candidatura porque ya no vive en su comunidad, pero la consejera explicó que no reside en ella debido a que su vida está en peligro tras el atentado que sufrió.
La exigencia para los aspirantes es acreditar el vínculo con una comunidad indígena a la cual pertenezcan o donde viven.
María Elena Ríos nació en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, una comunidad al centro de las montañas en la mixteca.
Elena resultó con quemaduras en, al menos, el 90 por ciento de su cuerpo tras haber sido atacada con ácido, ella acusa a Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado del PRI como el autor intelectual de este suceso, pero el sujeto está prófugo. La Fiscalía de Oaxaca ofrece un millón de pesos como recompensa para quien de información sobre él.
Juan Antonio Vera Hernández también está acusado de tentativa de feminicidio desde 2020.
INE rechaza 23 candidaturas de falsos indígenas
El Instituto Nacional Electoral revocó 23 candidaturas indígenas (12 eran diputaciones de Movimiento Ciudadano y una senaduría), fueron rechazadas porque los candidatos no pudieron acreditar que pertenecen a alguna comunidad o las comunidades no los reconocieron.
Dijeron ser de ciertas comunidades pero sus actas de nacimiento indicaban que no eran originarios; decían tener trabajo permanente con las comunidades que buscaban representar pero sus residencias están en otros municipios; aseguraban hablar lenguas maternas pero no pudieron demostrarlo y no pudieron presentar actas de reconocimiento de estas comunidades, por el contrario, expusieron oficios de autoridades municipales, de instancias a más de 200 kilómetros de la comunidad originaria y hasta de direcciones de policía sin facultades para asumir autoridad alguna en pueblos originarios.