A unas horas de que Jaime Bonilla tome posesión como gobernador de Baja California, el Instituto Nacional Electoral, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar las acciones a su alcance con el fin de dar certeza jurídica al proceso electoral en la entidad del norte el 2 de junio pasado.
Dicho recurso presentado por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, busca que la Corte declare inconstitucional el Decreto 351 aprobado por el Congreso de Baja California el 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.
El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el 17 de octubre contraviene la Constitución federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.
Recordó que la Constitución señala en su Artículo 105 que "las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales".