Por: Gastón García Miranda
La militarización en México se acelera.
En esta administración existe un aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las fuerzas armadas en funciones propias de la autoridad civil.
En marzo de 2019 se regularizó la presencia militar en las calles por cinco años, hasta 2024, pero una reforma constitucional extendió la disposición hasta 2028, tras una agria discusión en el congreso; además se creó la Guardia Nacional, en sustitución de la Policía Federal, con elementos, en su mayoría, del ejército y la marina, un órgano civil en el papel y militar en los hechos.
A pesar de la austeridad impulsada por el gobierno, el gasto del ejército aumentó un promedio de 16% anual, en los tres primeros años de la administración; en 2021, dicho gasto ya era 54% superior al de 2018, ese año ejerció un presupuesto cercano a los 150 mil millones de pesos, además de un presupuesto de 112 mil millones de pesos, similar al de 2022, la Sedena administra los 68 mil millones destinados a la Guardia Nacional y recibió gran parte de los 143 mil millones que el gobierno federal invierte en el Tren Maya, en 2023.
En este gobierno se le han asignado además funciones empresariales, de construcción, administración de puertos y aduanas. Un informe de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia revela el traspaso de al menos 80 actividades de tipo civil a las fuerzas armadas, sólo en los dos primeros años del gobierno en curso, para octubre de 2022, eran ya 227.
Germán Martínez Cazáres senador del Grupo Plura, indica, "y ahora ya los vemos haciendo quehaceres civiles, desde reparto de vacunas, reparto de gas, aduanas".
En términos de justicia y transparencia, el gobierno se ha doblegado ante el ejército, concretamente en los casos de la captura y posterior exoneración del exsecretario de la defensa, Salvador Cienfuegos y con el desistimiento de las 16 órdenes de aprehensión contra militares en el caso Ayotzinapa.
En 2022, fue designado un general de división retirado como nuevo comandante de la Guardia Nacional, con perfil militar, a pesar del ordenamiento legal de hacerla civil y para colmo, se designó al general de división, Luis Rodríguez Bucio, como subsecretario de Seguridad Pública.
La militarización de México puede extenderse aún más, explica David Saucedo, especialista en seguridad, "que se incremente la presencia del Ejército en tareas de seguridad. Ya vimos en todos los estados del país donde gobierna Morena, el Secretario de Seguridad Pública, también es un militar. Entonces tenemos una militarización no sólo de la Policía Federal, sino también de las policías estatales, salvo la CDMX".