Pese a conflicto, siguen obras del plan de Justicia Yaqui
En seguimiento a las obras contempladas en el Plan de Justicia Yaqui, el gobernador Alfonso Durazo Montaño realizó un recorrido por varias comunidades de la etnia a fin de verificar la construcción de estos espacios y escuchar los planteamientos de las autoridades tradicionales.
En La Pitahaya, correspondiente a la comunidad yaqui de Belém, el mandatario revisó la remodelación de la Guardia Tradicional, así como instalaciones educativas y deportivas.
En compañía de autoridades tanto de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como de la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova; el mandatario verificó que las obras fueran efectuadas junto a la comunidad yaqui, respetando sus diseños y solicitudes respecto a cada uno de los trabajos hechos en su territorio.
"Me da muchísimo gusto escuchar las palabras del secretario de este pueblo en el que ratifica el reconocimiento, la satisfacción por la realización de esta obra, particularmente el hecho de que hayan trabajado de manera conjunta el diseño" dijo el mandatario.
Durante el recorrido, Durazo Montaño destacó que estas obras están pensadas con el objetivo de durar y promueven el desarrollo de la etnia, como es el caso de la Universidad de la Nación Yaqui.
De igual forma, dentro de este paquete de obras el gobernador destacó la habilitación de 136 kilómetros de acueducto, lo que beneficiará a cuatro mil 500 hogares en 58 comunidades dentro del territorio de la etnia.
En este conjunto de acciones, agregó el gobernador, se contempla infraestructura destinada a la salud, a la educación y a la vivienda, destacando también la construcción de caminos, en la que los mismos miembros de la etnia obtienen una fuente de empleo.
Todo esto se da, pese a que hace solo dos semanas los miembros de la tribu yaqui se dividían la decisión de seguir con el plan de Justicia Yaqui del gobierno federal. Autoridades de Potam señalaron que presentaron un amparo para paralizar las obras que actualmente realiza el gobierno federal y acalarar algunos puntos, entre ellos la puesto en marcha del Distrito de Rio 018 y la paralización del acueducto independencia.