Día importante en la Cámara de Diputados ya que inició el juicio de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por el delito de defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos al fisco federal.
Al inicio de la sesión participó la parte acusatoria y también la defensa del mandatario, pues él decidió no participar durante este juicio.
Elizabeth Alcantar, representante de la Fiscalía General de la República señaló que Cabeza de Vaca ha acumulado más de 30 propiedades a través de una red prestanombres, principalmente familiares, en Texas y Tamaulipas:
"Empresas, residencias, ranchos, restaurantes, galerías de arte y cuentas bancarias, es decir un caudal de vienes ocultos, cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas", dijo la funcionaria.
Mientras que Alonso Aguilar, abogado del gobernador, pidió al jurado de procedencia que este dictamen se desechara ya que dijo durante el proceso se violó la presunción de inocencia de su defendido.
A las 11:00 horas el pleno cameral se erigió como Jurado de Procedencia en contra del gobernador integrante de la Alianza Federalista, a quien Morena y sus aliados señalan por daño al fisco por la venta de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México.
La fiscal dijo en tribuna las investigaciones en contra del acusado en cuanto delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal y equiparada, a través de prestanombres cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos, que no fueron incluidos en el dictamen de la Sección Instructora para llevar al pleno al mandatario de oposición al gobierno federal.
La defensa de Cabeza de Vaca, el abogado, Alonso Aguilar Zinser, expresó en su intervención que la FGR genera una falsa percepción a la opinión pública al citar delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que no comprueban. Sección Instructora citó al pleno solo por defraudación fiscal, acusación que rechazan.
En tribuna, el presidente de la Sección Instructora, el diputado por Morena, Pablo Gómez, manifestó que se debe quitar la inmunidad procesal al gobernador para ser puesto a disposición de la autoridad.
El morenista defendió que hay indicios de que Francisco Javier Cabeza de Vaca pudo haber declarado fraudulentamente el ISR del 2019.
"Defraudar al fisco general, en el impuesto sobre la renta, es defraudar a la propia entidad federativa, donde radica el causante", señaló.
El diputado por el PAN, Elías Liza, quien solicitó moción suspensiva al juicio de desafuero, acusó que la mayoría parlamentaria de Morena emprendió un circo mediático en favor del proceso electoral para la elección del 6 de junio.
Elías Liza acusó las prisas de Morena y aliados por aprobar el dictamen, el cual no fue suficientemente estudiado y fue aprobado en el penúltimo día de sesiones.
Lanzó un reproche en contra del diputado Pablo Gómez, quien fue ex líder del Movimiento del 68 y preso político, a quién dijo pasó de "perseguido a perseguidor".
"Pablo ¿por qué dejaste tu lado democrático para convertirte en el director de este circo? ¿en qué momento renunciaste a tu discurso de perseguido para articularse como un siniestro perseguidor? ¿Qué intereses inconfesables motivan esta atrocidad?", cuestionó.
El coordinador de los panistas en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, subió a tribuna con su bancada y una pancarta con la leyenda "Basta de persecución política, alto al uso electoral de la justicia".
Romero Hicks recriminó que se esté usando el tema con fines electorales en lugar de resolver el problema de la pandemia del coronavirus y la crisis económica.
Consideró que desde el gobierno federal se evaden actos de corrupción con el hermano del Ejecutivo federal, Pío Lorenzo López Obrador.
En un intercambio de reclamos desde las curules de Morena y los panistas, también se recordaron a Félix Salgado Macedonio y el diputado Saúl Huerta Corona, acusados de violencia sexual.
El diputado Gerardo Fernández Noroña, subió a tribuna para manifestar que la Cámara de Diputados no puede determinar si el gobernador es culpable o no, pero sí permitir que sea juzgado al quitarle su inmunidad procesal.