La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, del Partido del Trabajo, presentó una reforma al Código Penal del Estado de Sonora que adiciona el título vigésimo quinto, denominado Delitos Contra el Servicio Público y Distribución del Agua, así como los artículos 344 y 345, para sancionar el robo de agua. La nueva legislación impone penas de cuatro meses a cuatro años de prisión y multas de 50 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes sustraigan agua de las redes de distribución con fines de venta, usen o se beneficien de los servicios de agua potable, drenaje o alcantarillado sin autorización, alteren aditamentos de control o distribuyan agua sin permiso. Las penas aumentan en un 50% si el delito lo cometen propietarios de establecimientos comerciales o industriales.
Además, se establecen de seis meses a cinco años de prisión y multas de 100 a 500 UMAs para aquellos que faciliten, permitan o participen en estas acciones. La pena se incrementará en un 50% si una persona servidora pública conoce del delito y no lo denuncia.