Han pasado 12 semanas desde la toma de las instalaciones de la UDLAP por elementos de la Policía Estatal, pues fue el pasado mes de junio que docentes, alumnos y personal de esta universidad emitieron posturas al respecto, ya que consideraron una violación al Estado de Derecho; es así que la Fundación Mary Street Jenkins, mediante un comunicado, señaló que todo este movimiento es orquestado por el mandatario poblano, pues le exigió al Gobernador, Luis Miguel Barbosa, desistiera de su intento por apropiarse ilícitamente de la institución.
La Fundación Jenkins aseguró que el nuevo patronato impuesto, responde a las órdenes directas del gobernador, pues desde su posición como mandatario, violentó suspensiones de amparo vigentes para intervenir de forma ilícita en la UDLAP.
Además, con respecto a la situación de los integrantes de la familia Jenkins, la fundación asegura que, tras una exhaustiva investigación, en mayo de 2018 la entonces Procuraduría General de la República, acordó el no ejercicio de la acción penal en contra de los presuntos involucrados en actos de lavado de dinero.
Tiempo después, la Fiscalía General de la República, revocó de manera ilícita esta determinación, pues de cierta forma, evitó que jueces conocieran las acciones que exoneraron a la familia Jenkins Landa otorgada en ese año 2018, motivo por el cual la fundación lo cataloga como agravio al Estado de Derecho, pues de ello derivaron órdenes de aprehensión en contra de la familia.
Finalmente, consideran que se ha evadido el cumplimiento de una suspensión de amparo vigente, la cual obliga la inmediata devolución de las instalaciones del campus UDLAP al patronato originalmente constituido; maestros y directivos continúan brindando apoyo y han seguido instrucciones de este patronato, ignorando al actual rector de la universidad, Armando Ríos Piter, y a las acciones tomadas por el nuevo patronato.