Circula un comunicado, presuntamente emitido por la Fundación Mary Street Jenkins, en el que señala con gran detalle, el proceso legal que supuestamente se ha llevado a cabo desde la toma de las instalaciones de la UDLAP, derivado por el lavado de dinero que la la familia Jenkins de Landa cometió en 2014.
En dicho comunicado se menciona que tanto la familia Jenkins, como sus abogados, se encuentran prófugos de la justicia por haber celebrado un contrato en el que transmitieron ilegalmente los bienes de la Fundación Mary Street Jenkins, incluido el campus UDLAP, a favor de la Fundación Bienestar de Filantropía, contrato que fue declarado ilícito por despojar los bienes para que la familia se apropiara de ellos.
Según lo que se menciona, todos aquellos quienes se vieron involucrados cuentan con órdenes de aprehensión, motivo por el cual se emitieron medidas dictadas por la autoridad judicial para proteger el inmueble en donde se ubica la Universidad de las Américas Puebla, esto para garantizar que continúe con sus labores de institución educativa.
Estas declaraciones responden en contra de los que dicen ser la auténtica Fundación Jenkins, ya que pretenden recuperar sus bienes a través de un Juez Penal.
La situación se ha vuelto cada vez más confusa, pues fue a través de sus redes sociales, específicamente en Twitter, que la fundación señaló como falso dicho comunicado.
Aseguraron que pretenden simular la entrega de la UDLAP a personas ajenas a la Fundación y la FUDLAP; además, mencionaron que el legítimo patronato de Fundación, encabezado por Juan Carlos Jenkins de Landa, es el único reconocido por jueces federales, que han suspendido el atropello de personas con interés de apropiarse de los recursos de la misma fundación.
