El presidente Andrés Manuel López Obrador, desestimó el aviso de huelga anunciado por los trabajadores del Poder Judicial, quienes se oponen a una reforma constitucional que busca transformar el sistema de justicia y permitir la elección popular de jueces y ministros de la Suprema Corte.
Durante su conferencia matutina, López Obrador comentó que, aunque los jueces, magistrados y ministros tienen derecho a manifestarse, minimizó las posibles repercusiones del paro. Afirmó que la reforma no está dirigida contra los trabajadores del Poder Judicial, sino que busca combatir la corrupción dentro de la cúpula judicial, a la que acusó de estar al servicio de intereses económicos y minorías privilegiadas.
El presidente ironizó sobre la huelga, sugiriendo que podría terminar con prácticas como los "sabadazos", refiriéndose a liberaciones polémicas de presuntos criminales que ocurren los fines de semana. El mandatario también pidió a los magistrados que resuelvan antes del paro dos expedientes de adeudos fiscales de empresas por 35.000 millones de pesos.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), encabezada por Juana Fuentes Velázquez, ha anunciado la posibilidad de un paro indefinido si la reforma es aprobada en su forma actual.
La JUFED sostiene que la reforma, al permitir la elección popular de jueces, podría afectar la independencia judicial y dar lugar a presiones de grupos de poder, incluso ilegales.
Fuentes Velázquez explicó que la medida, aunque aparentemente democrática, necesita una revisión exhaustiva para garantizar que no comprometa la integridad del sistema judicial. La JUFED ha formado una "coalición para la defensa de la independencia judicial" y está preparando los pasos necesarios para implementar el paro si es necesario.
La reforma judicial será votada en el Congreso a partir del 1 de septiembre. La presidenta de la JUFED ha señalado que, aunque el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de hacer una reforma significativa, debe abordar otros problemas clave como la profesionalización de policías y fiscales, el fortalecimiento de las defensorías públicas y la mejora del sistema carcelario.
Si se toman en cuenta las preocupaciones legítimas de la judicatura, la JUFED y los más de 50 mil miembros del Poder Judicial podrían apoyar las mejores propuestas de reforma en el Congreso.
Con información de EFE.