Según un estudio publicado en la revista científica "Science" en 2022, el crimen organizado contaba con entre 160,000 y 185,000 miembros, superando así la cantidad de empleados de empresas multinacionales como Coca Cola que a nivel mundial cuenta con 120,000. El informe también señala que estas organizaciones reclutan entre 350 y 370 personas por semana para compensar sus pérdidas humanas, utilizando el reclutamiento forzado como una de sus principales estrategias.
El crimen organizado ha ganado notoriedad por reclutar a la fuerza a hombres y mujeres en municipios apartados, donde la falta de vigilancia y seguridad son factores clave que facilitan estas situaciones. Recientemente, habitantes de Chiapas denunciaron en redes sociales que civiles armados estaban secuestrando a personas, presuntamente para forzarlas a trabajar con ellos.
Este tipo de actividades suelen llevarse a cabo en regiones marginadas donde la presencia de elementos de seguridad en las calles es menor y el nivel de comunicación y respuesta en caso de emergencia es más limitado, en comparación con municipios de mayor tamaño.
Uno de los municipios afectados fue el de Montecristo de Guerrero que cuenta con 1,201 habitantes.
En mayo de 2023, se reportó un caso similar en Frontera Comalapa, también en Chiapas, cuando integrantes del crimen organizado ingresaron en vehículos con artillería pesada y recorrieron las calles con la presunta intención de reclutar a hombres. Debido a estas situaciones, muchos hombres deciden huir a las montañas para evitar ser reclutados.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó que en 2021 entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes podrían estar en peligro de ser reclutados o explotados por organizaciones criminales en nuestro país.
El destino de estas personas es incierto, pero el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, nos brinda una perspectiva al respecto. Al referirse a estas situaciones que también ocurren en esa región del país, menciona: "Unos trabajan haciendo la comida, otros lavan la ropa, otros se dedican a vender droga, algunos actúan como sicarios, y otros operan como halcones (...)". Estas son algunas de las actividades que Medina Mayoral señala que estas personas son obligadas a realizar.
Las comunidades indígenas son particularmente vulnerables, como lo ha demostrado la organización Melel Xojobal. Según su informe, más de 2,507 niños, niñas y adolescentes, en su mayoría de comunidades indígenas de San Cristóbal de las Casas y la zona de Los Altos de Chiapas, están en peligro de ser reclutados.