Esta semana el anuncio del cierre de la Junta Especial número 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Torreón, tomó por sorpresa al personal, abogados y abogadas, así como a quienes tienen sus procesos en esta instancia ya que ahora se tendrán que trasladar a Saltillo o Guadalupe, Nuevo León.
La supresión de esta Junta Especial ya había sido anunciada, pues en noviembre de 2020 se puso en marcha de la primera etapa del Nuevo Modelo Laboral con el que desaparecen las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, para dar paso a la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros estatales de conciliación y los tribunales laborales federales y locales, con la finalidad de dar celeridad a los trámites que antes podían tardar hasta 10 años o más en resolverse.
"Se establece un nuevo procedimiento mucho más eficiente que apuesta por la conciliación, un periodo de 45 días para lograr un acuerdo y sólo aquellos que no puedan resolver sus diferencias a través del diálogo pasarán a los tribunales laborales con juicios de no más de seis meses", anunció Luisa María Alcalde, ex Secretaria del Trabajo y actual Secretaria de Gobernación, en su momento.
Ante esto en la Junta 42 se recibió hasta octubre del 2022, lo relacionado al término de las relaciones obrero-patronales federales, por ejemplo del IMSS, ISSSTE, devolución de aportaciones de afores, entre otras. Abogados estiman que por lo menos 8 mil trámites de este tipo, todavía están pendientes de finalizar.
"Imagínese la incertidumbre que van a sentir si el asunto tiene cuatro años y aquí no se ha concluido, qué van a pensar si se va a Saltillo, los gastos que va a implicar para el justiciable, que es un trabajador que obviamente no tiene los medios para sufragar esos gastos", dijo Enrique Rodríguez, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
Y es que el anuncio se hizo a través de un decreto publicado el pasado lunes 17 de junio sin aviso previo, por lo que la asociación que aglutina 20 despachos jurídicos de la Región, considera que se debió, primero, informar sobre el plan de trabajo que debe tener la autoridad para agilizar estos trámites así como evitar afectaciones a las personas involucradas.
"Hacer un llamado a la Secretaría de Previsión social o a quien corresponda los presidentes de la Junta Federal de Conciliación para que se nos informe, ya sea que manden a una persona con información adecuada para que nos diga cuál va a ser ese plan y programa que nos va a beneficiar, porque yo quiero entender que es para beneficio de la ciudadanía", agregó.
Los abogados dijeron que gestionarán una entrevista con las autoridades competentes y dependiendo de la respuesta desarrollarán acciones para evitar que el cierre intempestivo de la Junta Especial Número 42 con sede en Torreón, afecte a ellos y sus representados