En una entrevista con el abogado Alfredo Ochoa, se analizó el controversial paro del Poder Judicial de la Federación y sus implicaciones para la sociedad mexicana. Según Ochoa, el paro, que lleva tres días, es una respuesta del Poder Judicial ante una reforma legislativa en curso, la cual busca modificar aspectos fundamentales del sistema judicial en México. Sin embargo, el abogado subraya que esta acción es inconstitucional y perjudica principalmente a la ciudadanía, ya que miles de amparos y procesos legales están detenidos.
Ochoa argumenta que el paro no afecta al Poder Legislativo, responsable de la reforma, sino que impacta directamente a los ciudadanos que dependen de la justicia para resolver sus casos. Además, señala que la corrupción dentro del Poder Judicial es una realidad, aunque reconoce que no todos los jueces y magistrados están involucrados. El abogado compara la situación con un escenario absurdo en el que criminales hagan un paro para eliminar los delitos de los códigos penales, sugiriendo que los jueces y magistrados deben someterse a la ley, tal como lo hace el resto de los ciudadanos.
Finalmente, Ochoa critica la indefinición del paro y cuestiona si los integrantes del Poder Judicial seguirán cobrando sus salarios mientras dure la suspensión de actividades, a pesar de que la Constitución no permite este tipo de paros. La entrevista concluye destacando la gravedad de la situación y el impacto que podría tener en la vida cotidiana de millones de mexicanos.
La luz se apagó en Cannes a primera hora de la mañana de este sábado, lo que obligó a detener las últimas proyecciones del Festival, que empezó a temer por su gala de clausura prevista la noche, un corte que las autoridades atribuyen a un sabotaje que duró cinco horas.
Unos 160.000 hogares se vieron privados de corriente, pero no el palacio de festivales, dotado de sus propios generadores, lo que llevó a los organizadores del Festival a enviar desde el primer momento un mensaje de tranquilidad: La entrega de la Palma de Oro no corría peligro.
Mientras proseguía con normalidad el gran cónclave del cine europeo, en la ciudad reinaba el desconcierto, con perturbaciones en el transporte ferroviario y terrestre, con los coches circulando sin semáforos y los comercios a medio gas por falta de electricidad.
El apagón tuvo lugar a las 10.00 horas (08.00 GMT) cuando una torre de alta tensión se derrumbaba en la localidad de Villeneve-Loubet.
Los servicios de RTE, el gestor eléctrico francés, no pudieron reaccionar porque el tendido estaba ya debilitado después de que de madrugada se produjera un incendio en una subestación de Tonneron, algo más al norte.
Las autoridades francesas consideran intencionados ambos incidentes e investigan si hay relación entre ellos. En la subestación se encontró material inflamable que pudo servir para atizar las llamas, mientras que tres de los cuatro pilares de la torre de alta tensión aparecieron segadas.
La Fiscalía francesa abrió una investigación sobre los hechos que considera de origen criminal, aunque por el momento no hay ningún detenido.
"No hay duda de que se trata de un acto criminal", insistió el alcalde de Cannes, David Lisnard, mientras que la prefectura aseguraba que "todos los medios se han movilizado para identificar, buscar, detener y llevar ante la justicia a los autores de estos actos".
Cinco horas después del corte de corriente, sobre las 15.00 horas (13.00 GMT) la luz fue volviendo paulatinamente a la ciudad y a otras localidades vecinas también afectadas.
Los retrasos en los trenes están previstos hasta las 20.00 horas de la tarde, mientras que los bomberos tuvieron que efectuar un centenar de intervenciones, sobre todo para rescatar a personas atrapadas en ascensores.
El incidente cobró una mayor atención a causa del Festival. Apenas un cuarto de hora duró el corte en el palacio de Festivales, el tiempo necesario para activar los dos equipos electrógenos con los ue está equipado.
Pero en otros puntos de la ciudad que también albergan proyecciones, estas tuvieron que suspenderse.
Sin embargo, los organizadores indicaron que la ceremonia no corría ningún peligro, puesto que se celebra dentro del palacio. EFE
Una pareja de motociclistas fue arrollada por una camioneta la tarde de este viernes, en el cruce de Avenida Epigmenio González y la calle Invierno, a la altura de la colonia San Pablo Tecnológico, en la zona centro de Querétaro.
De acuerdo con testigos, el conductor de la camioneta, presuntamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tras el impacto, descendió del vehículo y trató de huir a pie, aunque fue ubicado momentos después por elementos de seguridad.
Según el reporte de las autoridades, el conductor no respetó el paso de la motocicleta y terminó por embestirla, arrastrándola varios metros hasta la acera peatonal.
Al lugar acudieron paramédicos y personal de Protección Civil para valorar a la pareja afectada, un hombre y una mujer, quienes presentaban golpes menores. Ambos decidieron trasladarse por su cuenta a una clínica cercana para su atención médica.
Policías municipales procedieron con la detención del conductor, quien fue puesto a disposición del Juzgado Cívico.
Tras exhaustivas investigaciones, la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de una persona como probable autor del delito de robo calificado.
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo, cuando el imputado se presentó en un domicilio ubicado en la colonia Eduardo Loarca, del municipio de Querétaro, exigiendo al ofendido la entrega de su vehículo, además de que firmara los documentos de propiedad para poder venderlo.
De acuerdo con la investigación, ante la negativa de la víctima, el imputado sacó un arma de fuego y lo amenazó para coaccionarlo a entregar el automóvil, así como la documentación firmada. Posteriormente, el probable interviniente se retiró del lugar en posesión de dicha unidad.
Derivado de las labores de investigación, se logró la identificación del probable autor directo, obteniéndose la orden de aprehensión correspondiente.
En audiencia inicial, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, dictando como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableciendo un plazo de dos meses de investigación complementaria.