Cerca de 90.000 de las 210.000 personas presas en las cárceles mexicanas, equivalente a un 42%, "son legalmente inocentes" porque no han sido condenadas, según denuncia un estudio del Open Society Institute y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
Para el Open Society Institute, organización creada en 1993 para apoyar investigaciones y proyectos en más de 60 países, en México la prisión preventiva es indebida, injusta y costosa. Mantener a cada preso cuesta 130 pesos al día; lo que representa 9.930 millones de pesos anuales. Sólo la alimentación y la vestimenta de los reclusos generan un gasto aproximado de 6,560 millones de pesos al día.
Esto sin contar que las prisiones mexicanas están además en promedio al 130% de su capacidad, y algunas superan incluso el 300%.
Uno de los casos conocidos de manera más raciente es el de Humbertus Pérez Espinoza; quien hace poco más de cuatro años, el 4 de noviembre del 2015, inició un recorrido por el infierno en carne propia, ya que el profesor Humbertus fue interceptado por agentes ministeriales, lo detuvieron sin ninguna orden judicial, lo subieron a una patrulla paseándolo por horas mientras lo torturaban mediante asfixia, con el fin de obligarlo a reconocer un delito en cuanto lo presentaran en el Ministerio Público.
A Humbertus no sólo lo ingresaron a un ministerio público violando su presunción de inocencia, sino que, se le mantuvo cautivo por un supuesto intento de soborno a los policías, carente de pruebas, para más tarde iniciarle un proceso judicial por el delito de robo con violencia, el cual sólo contenía un testimonio, basado en dichos de terceros. Luego, con mínimos indicios, lo ingresaron al penal, bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, es decir, encarcelado mientras se le investigaba.
En los siguientes años Humbertus batalló en las audiencias demostrando su inocencia -contrario a lo delineado en el nuevo sistema oral-. Pero no sólo eso, se dedicó a asesorar a reos a quienes señala que les "fabricaron delitos" como a él, con lo cual nació la "revolución azul", llamada así porque los reos sin sentencia son uniformados con ese color. Los sentenciados usan beige
"Yo soy una víctima de delitos fabricados con 4 carpetas de las cuales salí totalmente absuelto. Cualquier persona que sea requerida tiene que ser por escrito por una autoridad investigadora"
La historia de Humbertus, como la de otros tantos reos en México, es un caso ejemplar para mostrar "vicios" que se han acumulado desde que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en 2016 -el tránsito a los juicios orales-, con inicios en algunos estados desde 2008, como lo son la entidad de la frontera norte de Chihuahua, y posteriormente, el Estado de México.
En México, 7.011 personas de pueblos originarios están en prisión. El 85,2% de ellas (casi 6.000) no tuvo acceso a un intérprete. Tres de cada 10 están encarceladas sin sentencia ?que en el mejor de los casos llegará en unos seis años? según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y de la Secretaría de Seguridad.
INDIGENAS DETENIDOS INJUSTAMENTE
FUENTE: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y de la Secretaría de Seguridad.
No obstante, a los sospechosos acusados de varios delitos graves, como homicidio, secuestro y narcotráfico, todavía se les envía a prisión de manera automática y pueden permanecer en custodia por más de dos años si deciden apelar las sentencias de los tribunales. LEER MIENTRAS APARECE GRÁFICO Además de que según el sitio Red Inocente los delitos de los que comúnmente son las encarceladas personas injustamente en México, incluyen homicidio, crimen organizado, secuestro, asesinato, portación de armas y narcotráfico.
DELITOS FRECUENTES EN CASOS INJUSTOS
Ubicando el porcentaje más alto de casos así, de personas encarceladas injustamente, en el Estado de México
FUENTE: https://redinocente.org/exoneraciones-mexico/