León, Guanajuato.- El Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se reunió con Ragnhildur Skuladottir, directora del Comité Olímpico de Islandia, buscando estrechar estrategias deportivas para la entidad.
El Gobernador invitó a un equipo de fútbol soccer islandés a visitar Guanajuato durante el Congreso Internacional de Prevención de Adicciones a realizarse en diciembre próximo en la ciudad de León.
Los integrantes del Comité Olímpico islandés compartieron sus experiencias para promover el deporte en la juventud y el desarrollo de sus talentos deportivos.
Gracias a la infraestructura deportiva del estado y a la experiencia en la organización de grandes eventos, Guanajuato es una sede habitual de competencias nacionales e internacionales, resaltó.
Nos reunimos con integrantes del Comité Olímpico Islandés quienes nos compartieron sus estrategias para incentivar el deporte en los jóvenes y cómo impulsan sus talentos.
— Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) June 17, 2022
Su modelo de promoción deportiva también es un importante aliado de la salud y prevención de adicciones. pic.twitter.com/9FwGsZCUHe
México, al igual que muchos países, se enfrenta a la gestión de procesos complejos que involucran la entrega o el retorno de personas hacia su territorio
Estos procedimientos, conocidos como extradición y repatriación, son fundamentales tanto para el cumplimiento de la justicia internacional como para la protección de los derechos humanos. Aunque ambos procedimientos tienen objetivos similares, sus implicaciones legales, actores involucrados y reglas varían considerablemente.
La extradición es el proceso mediante el cual un país entrega a una persona que se encuentra en su territorio a otro país que la reclama, con el fin de someterla a juicio o hacer cumplir una pena. En México, este proceso está regulado por la Ley de Extradición Internacional, que establece los lineamientos sobre cómo se debe llevar a cabo y quiénes pueden ser extraditados.
Cualquier persona que haya cometido un delito grave y que esté reclamada por un país extranjero puede ser sujeta a extradición
Existen varias restricciones y salvaguardas, particularmente cuando se trata de ciudadanos mexicanos. En México, la extradición de nacionales solo es permitida en circunstancias excepcionales y siempre requiere la autorización del Ejecutivo, lo que deja en manos del presidente la decisión final sobre la entrega de un ciudadano mexicano.
Cuando un país solicita la extradición de una persona, debe presentar una solicitud formal que incluya documentos clave como una descripción detallada del delito, pruebas de la posible responsabilidad de la persona y, en algunos casos, una sentencia condenatoria vigente. Una vez recibida esta solicitud, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la encargada de revisarla para asegurar que cumpla con los requisitos establecidos. Si es aprobada, la solicitud es enviada a la Fiscalía General de la República, que debe promover ante un juez la detención del reclamado.
Durante el proceso, la persona tiene derecho a ser escuchada y puede presentar excepciones, como argumentar que el delito no corresponde a las leyes mexicanas o que existen riesgos de persecución política en el país solicitante
En este caso, el juez evaluará las pruebas y emitirá una opinión jurídica que será tomada en cuenta por la SRE para decidir si concede o rechaza la extradición.
Si la extradición es concedida, el proceso puede ser impugnado por el reclamado mediante un juicio de amparo, lo que agrega una capa adicional de revisión judicial. Si no se interpone un amparo o este es negado, la persona deberá ser entregada al país solicitante en un máximo de 60 días
Un ejemplo claro de extradición en México es el caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La solicitud de extradición fue finalmente aceptada por el presidente Vicente Fox, en 2001, aunque la entrega no se concretó debido a que escapó del penal de Puente Grande, ubicado en Jalisco, y pudo ser realizada hasta 2017, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto cuando "El Chapo" fue extraditado a los Estados Unidos un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia.
A diferencia de la extradición, que involucra la entrega de un individuo a otro país, la repatriación se refiere al proceso por el cual las personas de nacionalidad mexicana que se encuentran fuera del país son devueltas a su territorio. Este proceso puede ser voluntario o forzado, y es coordinado principalmente por el Instituto Nacional de Migración (INM), bajo la Ley de Migración
El grupo más comúnmente repatriado son los migrantes mexicanos que se encuentran en otros países y que han sido devueltos por autoridades migratorias extranjeras. Además, se presta especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, como menores no acompañados, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y víctimas de delitos. A estas personas se les brinda atención prioritaria para garantizar su bienestar durante todo el proceso.
El proceso de repatriación inicia en puntos de recepción fronterizos, donde los migrantes reciben asistencia básica como orientación, atención médica, alimentación y la posibilidad de comunicarse con sus familiares. Luego, se les entrevista para confirmar su nacionalidad y se evalúa si requieren atención especial. Una vez validado su retorno, se les brinda apoyo para regresar a su lugar de origen o residencia en México.
Existen programas de reintegración destinados a facilitar su adaptación a la vida en México. Estos programas incluyen acceso a empleo, vivienda y otros recursos que les permitan reintegrarse a la sociedad de manera efectiva
A nivel penal, existe un Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Ejecución de Sentencias Penales, firmado en 1977, que permite el traslado de personas condenadas para que cumplan su sentencia en su país de origen. Este tratado es aplicable una vez que la persona ha sido condenada y no durante el proceso judicial.
Si la persona está en proceso de ser juzgada en Estados Unidos, generalmente no puede ser repatriada a México hasta que el proceso judicial haya concluido y se haya dictado una sentencia. Esto se debe a que Estados Unidos tiene jurisdicción sobre los casos que se están llevando a cabo en su territorio.
Bajo este tratado, un mexicano condenado en Estados Unidos puede solicitar ser transferido a México para cumplir su condena, siempre y cuando ambos países estén de acuerdo
Normas para el traslado y cumplimiento de la pena en el país receptor
Aplicación de las leyes del país receptor.- El cumplimiento de la pena se regirá por la normativa del país receptor, lo que puede incluir reducciones de condena, libertad condicional o preliberación, conforme a su legislación interna.
Requisitos para la elegibilidad del traslado.- Para que un reo pueda ser trasladado, debe cumplir con los siguientes criterios:
Duración mínima de la sentencia restante.- El traslado solo será posible si al reo le quedan al menos seis meses de condena por cumplir.
Factores para evaluar la solicitud de traslado.- Las autoridades analizarán diversos factores antes de aprobar el traslado, entre ellos:
Jurisdicción sobre la sentencia.- Solo el país trasladante tendrá la facultad de modificar, anular o impugnar la sentencia original. El país receptor únicamente se encargará de ejecutar la pena conforme a su legislación.
A disposición de la Fiscalía Estatal quedaron cuatro vehículos con reporte de robo y un conductor tras ser asegurados este fin de semana durante operativos coordinados en las colonias Mezquite, Reforma y México, informó la Dirección de Seguridad Pública y Mando Coordinado.
El primer vehículo se recuperó el jueves, cuando un operativo transitaba por la colonia Mezquite y observó a un conductor que no respetaba los señalamientos de tránsito, interceptando una GMC Yukon 2003, conducida por Carlos de 28 años, la cual al verificar las series de manufactura, arrojó reporte de robo local.
El segundo vehículo, un Nissan Sentra 1997 blanco, fue localizado la tarde del viernes en la Av. Tabasco, entre calles 42 y 43, tras un reporte de vehículo sospechoso, mismo que al inspeccionar las series, se confirmó el robo.
El tercer vehículo, un Volkswagen Jetta 2008 sin placas, fue encontrado abandonado la tarde del sábado en la calle 24, entre Av. Camelias B y Av. Dalias. Al verificar sus datos, se confirmó el reporte de robo del 22 de febrero.
El último vehículo, un pickup Dodge RAM 1999 cabina y media, fue localizado en un predio baldío en la Av. Dalias B y calle 34, colonia Reforma, y al revisar los sistemas de datos, se confirmó su robo la mañana del sábado.
Los vehículos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía Estatal, mientras que el conductor fue certificado por el médico de guardia y presentado por conducción de vehículo robado y posteriormente, el agente ministerial le dictó prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social.
En un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Guardia Nacional (GN), se ejecutó una diligencia de cateo en un domicilio en San Luis Río Colorado, como parte frontal al narcomenudeo y a la prevención de delitos de alto impacto en la zona.
Derivado de la acción en la colonia Ruiz Cortines, se logró la detención de Juan Carlos "N", de 51 años, quien cuenta con antecedentes penales por robo con violencia en 2002 y privación ilegal de la libertad en 2015. El imputado fue asegurado en el lugar.
Durante la intervención, se localizaron y aseguraron 25 envoltorios con droga conocida como "cristal", así como la cantidad de 50 pesos en efectivo. Todo lo decomisado quedó a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de continuar con operativos coordinados para el combate al narcomenudeo y la procuración de justicia en la entidad.