📹Desconfianza en autoridades de seguridad frena denuncias por extorsión
Las autoridades municipales han reiterado en diversas ocasiones que la solución al cobro de piso a los comerciantes radica en fomentar una cultura de denuncia entre la ciudadanía. Sin embargo, más del 60% de los afectados no presentan denuncias ante el temor de que la información llegue a manos equivocadas.
Este desconfío se ha visto agravado por recientes incidentes, como la detención de dos elementos de la corporación policiaca local por presuntos actos ilícitos. Este tipo de situaciones contribuye a la falta de confianza en la policía, lo que incrementa el miedo entre los ciudadanos para hacer denuncias de manera segura.
César Raymundo Gómez García, integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, destacó que la fuga de información tras las denuncias ciudadanas es un problema real y palpable. En sus declaraciones, señaló que no existe una policía plenamente confiable, capaz de garantizar la seguridad necesaria para que las personas se sientan seguras al presentar sus quejas. "No hay confianza, por eso no se denuncia", subrayó Gómez García, quien agregó que este es uno de los mayores obstáculos para combatir la extorsión y otros delitos en la ciudad.
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Violencia cuesta a México 4.5 billones: 18% del PIB
El impacto económico de la violencia en México durante 2024 alcanzó los 4.5 billones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 18 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el Índice de Paz México 2024 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP)
Aunque esta cifra es elevada, muestra una ligera reducción respecto al año anterior, cuando el costo fue de 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.8 % del PIB.
Este impacto económico se distribuye principalmente entre los homicidios, que constituyen el 38 % del costo total, con un valor aproximado de 1.7 billones de pesos (unos 85 mil millones de dólares), y los crímenes violentos como robos, asaltos y agresiones sexuales, que representan el 33 %, con un costo de 1.5 billones de pesos (75 mil millones de dólares).
El informe destaca que el gasto público en salud y educación es considerablemente menor en comparación con el costo de la violencia, siendo el impacto económico de esta última casi seis veces mayor que la inversión en salud y cinco veces superior a la destinada a educación en 2024.
A pesar de que México ha mostrado una leve mejora en sus niveles de paz durante 2024 -un aumento marginal del 0.7 % que marca el quinto año consecutivo de avance-, las tasas de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego continúan siendo motivo de preocupación. Carlos Juárez Cruz, director en México del IEP, señaló que esta mejora es muy pequeña y no representa un cambio sustancial en la situación general de violencia
En términos históricos, México es menos pacífico que hace una década. El deterioro acumulado en los indicadores criminales desde 2015 es del 13.4 %, con un aumento del 54.7 % en homicidios y un crecimiento del 71.2 % en delitos cometidos con armas de fuego.
La violencia vinculada al crimen organizado también ha crecido notablemente, con un incremento del 45.5 % en extorsiones y un alarmante aumento del 161 % en delitos relacionados con el narcotráfico minorista desde 2015.
La percepción social sobre la inseguridad sigue siendo alta. Según el informe, el 73.6 % de la población mexicana considera que vive en un entorno inseguro, aunque esta percepción ha mejorado desde su punto más crítico en 2018. Juárez Cruz mencionó que existe una desconexión entre el nivel de miedo y las experiencias reales de inseguridad, lo que podría indicar una normalización de la violencia en la sociedad.
En cuanto a la inversión en seguridad, México destina apenas el 0.7 % de su PIB a la seguridad pública y al sistema judicial, cifra que es menos de la mitad del promedio en América Latina y en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta insuficiente asignación de recursos, sumada a los altos niveles de corrupción e impunidad, limita los esfuerzos para reducir la violencia de manera sostenible. La corrupción y la ineficiencia administrativa son factores clave que alimentan la violencia, al favorecer la impunidad y restringir los recursos disponibles para combatir el crimen
El informe recomienda fortalecer las instituciones de justicia, combatir la corrupción y ampliar las oportunidades económicas para los jóvenes como medidas fundamentales para construir una paz duradera en México.
En este sentido, Juárez Cruz evaluó la política de seguridad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) como poco clara, pero calificó de "prometedor" el enfoque presentado por la administración actual encabezada por Claudia Sheinbaum, quien lleva poco más de nueve meses en el cargo.
Destacó que se observan más decomisos de drogas, arrestos constantes y una estrategia de seguridad pública nacional más definida, aunque reconoció que aún es temprano para hacer una evaluación completa.
Denuncian invasión de comercio informal en el Barahona
Comerciantes establecidos del mercado Barahona, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias, denunciaron que el comercio informal ha comenzado a invadir de manera alarmante el centro de abastos en la zona sur, con la aparente complicidad de las autoridades municipales.
De acuerdo con los inconformes, se estarían otorgando permisos a vendedores ambulantes a cambio del cobro por ocupación de espacios en la explanada del mercado. Esta situación, aseguran, ha provocado una competencia desleal y una disminución en las ventas del comercio formal.
Los comerciantes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la situación se descontrole, como ya ocurrió en el mercado "Tomasa Esteves", donde el ambulantaje creció sin regulación hasta afectar seriamente el orden, la operatividad y la movilidad en la periferia.
Según sus declaraciones, desde el inicio de las obras de rehabilitación en el centro de abastos, más de una decena de vendedores ambulantes han ocupado la explanada del mercado Barahona.
Impugna ciudadano resolución de tribunal por denuncia contra el Municipio
Luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, emitió una resolución a la denuncia interpuesta por Guillermo Pérez Hernández, ciudadano interesado en ser delegado de la comunidad de Valtierrilla, quien denunció fallos en el proceso de elección de la mencionada figura, interpuso un recurso de reclamación ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, impugnando la resolución dictada el pasado 22 de abril por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, dentro del expediente 6293/SALAESPECIALIZADA/24.
La resolución controvertida sobreseyó la demanda promovida por Pérez Hernández contra la convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Salamanca para la elección de delegados y subdelegados municipales en la comunidad de Valtierrilla, argumentando que el actor no acreditó un interés jurídico suficiente, al considerar que su participación solo le generaba una "expectativa de derecho".
Pérez Hernández señala que el acto administrativo impugnado, es decir, la convocatoria aprobada el 27 de octubre de 2024, viola principios de legalidad, certeza jurídica, publicidad y su derecho político fundamental a ser votado, consagrado en el artículo 35 de la Constitución federal.
En su escrito, argumenta que: Fue excluido de forma verbal y sin notificación escrita del proceso para contender como delegado comunitario, aun habiendo cumplido con los requisitos exigidos.
La convocatoria limitó arbitrariamente la participación a únicamente dos fórmulas por comunidad, sin fundamento legal. La falta de publicación oficial en la Gaceta Municipal y las irregularidades en el registro (sin fecha ni hora de recepción) abrieron la puerta a una manipulación discrecional del proceso.
En este mismo sentido, el recurso solicita que el Tribunal Pleno revoque la sentencia del Magistrado instructor, admita la demanda para estudio de fondo, garantizando el derecho de participación ciudadana, analice los vicios de forma y fondo de la convocatoria, incluyendo su legalidad, transparencia y efectos restrictivos.
La impugnación busca dejar claro que los derechos políticos no pueden limitarse arbitrariamente ni sustituirse por decisiones discrecionales, mucho menos sin notificación legal ni transparencia.
