Recorte administrativo, se van 1,344 burócratas de Oaxaca
Con 37 votos a favor, la LXVI Legislatura del Congreso local avaló el decreto por el que se suprimen con efecto inmediato mil 344 plazas administrativas pertenecientes al Gobierno de Oaxaca, conforme a la solicitud del Ejecutivo del Estado, que fueron otorgadas durante el periodo comprendido de 2016-2022.
El dictamen del decreto destaca que del 2013 al 2022 se dio un incremento del 47.80 por ciento en la plantilla del personal de base, lo que significa que en menos de 10 años se otorgaron más de cuatro mil nombramientos de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica y la legislación financiera.
Además, de acuerdo, a una revisión efectuada en la Secretaría de Administración el pago de estos nombramientos otorgados ocasiona erogaciones con cargo al presupuesto estatal, afectando directamente la cobertura disponible para los programas sociales y las acciones para combatir la pobreza.
En su intervención, la presidenta de la Comisión Permanente de Administración Pública, diputada Mónica Belén López Javier sostuvo que este decreto se basa en la austeridad republicana, así como el uso responsable y eficiente de los recursos públicos.
"Esta situación ha ocasionado un aumento en el pago de servicios personales superior a dos mil 24 millones 644 mil 976 de pesos, más los incrementos que vayan afectando a los sueldos y salarios en cada ejercicio fiscal comprometiendo severamente las finanzas públicas", explicó la legisladora.
Detalló que el aumento indiscriminado en la expedición de nombramientos de base generó un agujero enorme en el presupuesto público, impactando de manera directa en el futuro de los fondos de pensiones de las personas jubiladas, pensionadas y pensionistas o de aquellos próximos a jubilarse; además de contravenir la disciplina financiera que la administración pública debe observar bajo los principios y disposiciones de responsabilidad hacendaria.
El decreto precisa el listado remitido de las plazas que se suprimen; y contempla que las y los trabajadores a quienes se les aplique dicha medida, tendrán derecho a recibir la indemnización de ley que corresponda.
