Un reto disminuir niveles de agresión a periodistas oaxaqueños: DDHPO

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, consideró como un reto disminuir los niveles de agresión a periodistas en la entidad, donde se tienen al menos 20 expedientes abiertos en lo que va del año.

El Ombudsman oaxaqueño informó que de 2015 a 2019 el organismo ha registrado 253 expedientes por agresiones a periodistas, que van desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, bloqueos informativos, hostigamiento, hasta amenazas de muerte y robo de equipo de trabajo. 

"Creemos que es necesario que se desarrollen políticas integrales para garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo, en varios sentidos, tanto en la parte profesional del propio gremio, es decir, dotar de herramientas técnicas, garantías al propio gremio para que pueda realizar su trabajo, pero también cuando ocurra una agresión al periodista, ésta sea castigada". 

Resaltó que las cifras son preocupantes y deben ser consideradas en su atención por las autoridades competentes, al precisar que si se agrede a un periodista, se agrede también a la sociedad, porque se le impide acceder a una información fidedigna. 

"En la medida en que nosotros empecemos a mandar mensajes de que cualquier acto que violente o atente contra la integridad física o psicológica de algún periodista y que ese acto de alguna manera va a ser castigado, en esa medida creemos también que van a disminuir".

Precisó que Oaxaca es uno de los cinco estados con mayor agresión a periodistas y es una constante en diferentes partes de la entidad. 

"Y al interior del estado en muchas de las situaciones el periodista es mucho más vulnerable digamos que en la ciudades?LIGAR?ahí hemos detectado digamos que sí efectivamente dentro de las agresiones que nosotros hemos observado y dentro de la parte pública tiene que ver un poquito más con las autoridades municipales".

Destacó la importancia de que la sociedad valore la labor que realiza el periodista, además de fortalecer las estructuras existentes de protección con mecanismos estatal y federal, así como la atención a medidas cautelares y el cumplimiento de estas medidas de protección.