Activistas: "Ayuntamiento desconoce autorización al cobro del DAP".
Pese a que en la sesión de Cabildo, del pasado 17 de diciembre de 2021, la comuna municipal de Tehuacán aprobó el cobro por el Derecho al Alumbrado Público (DAP); y tras el trámite de 9 amparos colectivos por activistas y defensores de los derechos indígenas y humanos, en el informe previo para la suspensión de los amparos, el departamento jurídico del ayuntamiento desconoció la autorización para dicho cobro, además que hasta el momento no a celebrado ningún convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que de cobrar dicho impuesto sería algo arbitrario e ilegal, explicó Juan Carlos Flores, abogado a cargo de los amparos e integrante de la Comisión Jurídica del Congreso Nacional Indígena.
Fue Juan Pablo Rosas Roman, en su carácter de Director del Departamento Jurídico del municipio de Tehuacán, quien a nombre de la síndico y del presidente municipal, dió contestación al informe previo, por lo que sería hasta el informe justificado cuando podría remediar su primera respuesta; sin embargo, consideraron esta acción como algo "tramposo y evasivo", pues si se niega el acto reclamado, y no se demuestra su existencia, se niega la suspensión; pese a ello, aseguraron que a 7 de los 9 amparos colectivos, ya les fue otorgada la suspensión; que se traduce a entre 200 y 350 amparos individuales.
Y aunque el proceso en conjunto podría tomarse de 6 a 12 meses más, esperan que en lo que se llevan las acciones de amparo e inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la CDH local, aunado con las suspensiones, el DAP no sea cobrado, además que la CFE les argumentó que hasta el momento no existe un convenio firmado entre el ayuntamiento y la comisión de electricidad.
Así también, denunció que de los 9 juzgados federales en materia administrativa y civil, en los que están diferidos los amparos; mismos que tienen la particularidad de interponerse bajo el argumento de pueblos indígenas, reclamando que no fueron consultadas las comunidades para una ley que los afecta de manera directa; jueces federales se han negado a reconocer a Tehuacán como una ciudad de indios, "y argumentaron de manera racista que ya evolucionó, como si el ser indígena fuera sinónimo de atraso".
Argumentó que los trámites de amparos, no son cobrados por los activistas y gestores sociales que se han unido, pese a que tan solo por copias, por cada amparo (individual) llegan a gastar más de 400 pesos, mientras que en colectivo suman los 1000 pesos; por lo que reprobó que los juzgados quieran segregarlos, cuando se trata del mismo acto reclamado.