No solo por responsabilidad administrativa, sino también en materia penal, son las probables dentro del proceso de investigación en contra del presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández y toda su administración. Ya que la última reforma a la "Ley General de Responsabilidad Administrativa", se modificaron los códigos penales, tanto federal como local y ahora se contemplan delitos por hechos de corrupción, indicó Ernesto Cruz, integrante de la A. C. Integridad Ciudadana", dedicada a los temas de combate a la corrupción.
Detalló que existen varios mecanismos para identificar hechos de corrupción, uno de ellos es a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien depende con cierta autonomía del Congreso local, o por el Órgano Interno de Control (OIC) de los municipios; que una vez investigados el Tribunal de Justicia Administrativa se encarga de juzgar los hechos graves. Por otro lado, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción también se encarga de investigar hechos con apariencia de delitos, los judicializa y determina si reciben o no una pena privativa de la libertad, destitución de la autoridad que están investigando.
"En ambas maneras si son delitos graves se judicializan, unos se van ante el Tribunal de Justicia Administrativa y otros ante un juez de control"; ahora que, principalmente cuando se habla de corrupción la ley lo relaciona con el manejo y fin de los recursos públicos, pero también existen supuestos que tienen que ver con afectaciones directas a la población, la falta de cumplimiento de obligaciones por ley, entre otras cuestiones, dijo.
Por lo que no solo puede haber responsabilidad por el presidente municipal, sino también por regidores o directores, así es importante que existan las denuncias correspondientes que aporten pruebas, ya que muchas veces la falta de ellas en este tipo de investigaciones "no permite que haya avances".
Por ejemplo, se observa quién determinó las licitaciones, cómo las llevaron a cabo, cómo determinaron al ganador, cuántas empresas participaron y si estas no guardan relación entre sí; si fue asignación directa el cómo se dictaminó. Y es que es muy común el desconocimiento de la ley en los procesos de administración pública, finalizó.