La retención de un grupo de 50 custodios provocó una movilización al interior del Cereso de Tehuacán, esto por el hallazgo de un paquete de droga en uno de los lockers de los guardias que aparentemente se distribuía a los internos del lugar.
Ante el cambio de turno, la dirección del penal decidió retener a los uniformados, situación que éstos consideraron un pretexto, pues el argumento es que se había encontrado un paquete de aparente marihuana y un recipiente con thinner en un armario.
Ante el movimiento y la amenaza de amotinamiento, los custodios aprovecharon para exigir nuevamente el cambio de directivos, al acusarlos de tener una "línea de trabajo" condicionada y fuera de la legalidad, pues indicaron que droga, dinero en efectivo, celulares, alcohol y hasta sexoservidoras, ingresan al lugar con el conocimiento y "pago" hacia los encargados en cuotas que alcanzan los 3 mil pesos.
Esta mañana el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, desconoció el problema en el centro penitenciario de Tehuacán, incluso consideró que el nuevo director tiene poco tiempo para comenzar a rendir cuentas.
Los intimidan autoridades
Tras una reunión con autoridades del estado y locales, los custodios que habían sido retenidos (tres en especial) manifestaron que la condición para seguir laborando era cambio de área como elementos de seguridad o baja definitiva, una situación que consideran ilegal por parte del director del Cereso y del regidor de Gobernación, Israel Nasta de la Torre, ya que se siente intimidados de regresar a su jornada de trabajo sin saber de qué los puedan señalar.
Acusaron que existen múltiples irregularidades, desde el ingreso de droga y alcohol hasta sexoservidoras y teléfonos celulares, y que incluso ellos estaban obligados a dejar pasar lo que se indicara por instrucciones de altos mandos.
Al no tener una solución ni de parte del estado ni del ayuntamiento, los custodios requirieron asesoría legal, por lo que Liborio Cruz Hernández, abogado que tomó el caso, indicó que se existe un agravio a los derechos de los uniformados, y que se analiza el inicio de una denuncia, además del anexo de pruebas que justifiquen que están siendo obligados a ser parte de hechos ilícitos, faltas de pago y demás situaciones irregulares.