Por: Marcela Perales
Vecinos de la colonia Las Palomas al sur de Monterrey, se vieron obligados a bloquear las calles por falta de agua durante la crisis hídrica.
María Castro Rojas, habitante Las Palomas, denuncia, "fue un calvario para nosotros que vivimos en la parte alta, andar con botes, acarreándolos dónde estuviera el agua, pues fue bien difícil".
Aquí el desabasto de agua no es nuevo, lleva por lo menos treinta años y a la fecha ningún gobierno ha dotado de agua potable en su totalidad.
Nuevo León es uno de los estados con menos abastecimiento de agua, junto con Durango, Colima, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, y la causa principal son las sequías y la falta de acciones de gobierno.
Víctor Hugo Guerra, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), explica, "nos estamos viendo en una situación de sequía debido al calentamiento global, entonces las precipitaciones, la lluvia, ha estado por debajo del promedio anual, ha estado lloviendo menos de lo que generalmente llueve".
La situación es crítica en todo el país, pues al 2022, la disponibilidad de agua es de 451 kilómetros cúbicos por año, muy por debajo en comparación con otros países como Brasil, Estados Unidos y Canadá, que llegan a tener un abasto de hasta 8 mil 647 kilómetros cúbicos anuales.
Se espera que para el 2030, la disponibilidad sea de 3 mil metros cúbicos por habitante, cuando en 1960 era de 10 mil.
Nuestro experto, indica, "lo que sí puede hacer el gobierno es asegurar el abastecimiento. El vital líquido se tiene que cuidar, nos hace falta mucha cultura del agua, mucha concientización a la población en general para tratar de cuidar el agua".
El agua no cuesta lo mismo para todos. Los precios varían de la cuota que aporten los diferentes municipios por la limpieza de drenaje y costos de abastecimiento.
El agua más cara del país es la de Cancún, con 60 pesos por metro cúbico de consumo.
Otros con los costos más altos son: Pachuca, Querétaro, Morelia, Aguascalientes, Guanajuato, Tijuana, Naucalpan y Puebla, oscilan entre los 25 y los 40 pesos por metro cúbico consumido.
El resto de las ciudades está por debajo de los 20 pesos.
Víctor Hugo Guerra, señala, "hay agua en el subsuelo, pero a más de mil metros y sacar el agua a más de mil metros es costoso y no es tan fácil, implementar un pozo profundo a más de mil metros para extraer agua, no se tardar dos tres meses, se tardan seis, siete, ocho meses o más".
A mayo del 2023, los estados en alerta por falta de agua son Michoacán, Coahuila, Guerrero, Colima, Jalisco y Baja California.
El Gobierno de la Ciudad de México presentó una estrategia integral para la búsqueda y localización de personas desaparecidas que se implementará entre 2025 y 2030.
El plan contempla el uso de inteligencia artificial para restaurar imágenes y crear álbumes fotográficos de señas particulares, además de la apertura de un centro de resguardo con capacidad para 5 mil cuerpos y 4 mil restos óseos.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, detalló que se aplicará una nueva metodología de búsqueda basada en patrones criminales e incidencia territorial. Estas acciones permitirán diseñar planes específicos de localización en zonas como la colonia Morelos y la Sierra de Guadalupe, donde se han identificado coincidencias entre distintos casos. La estrategia incluye 100 medidas y se creó tras 58 mesas de trabajo con familiares y colectivos de búsqueda.
El plan también contempla fortalecer la investigación de delitos como la desaparición forzada y cometida por particulares, además de priorizar la detención de quienes oculten cuerpos o participen en prácticas de encubrimiento. La inversión para este año será de 255 millones de pesos, en una apuesta que combina tecnología, análisis territorial y atención a víctimas.
Una de las acciones destacadas es la creación del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas, que comenzará a operar en agosto. Este espacio concentrará en un solo lugar los servicios de la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para evitar que las familias tengan que desplazarse entre distintas dependencias.
Además, se pondrá en marcha un nuevo Protocolo Homologado de Búsqueda Inmediata, acompañado por un foto-boletín único con la identidad, señas particulares y detalles del reporte de desaparición. También se iniciará el programa de exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores y se creará una unidad especial en la fiscalía dedicada a identificar personas fallecidas y buscar a sus familiares.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, subrayaron que esta estrategia reconoce las fallas institucionales que deben corregirse y que coloca en el centro de la política pública la reducción de las desapariciones y el fortalecimiento de la atención a los casos, tanto recientes como de larga data.
Entre otras acciones clave se incluye la duplicación del presupuesto de la Comisión de Búsqueda, la creación de un registro de personas fallecidas no identificadas, un plan de identificación genética con inversión conjunta entre la Ciudad, la fiscalía y el Poder Judicial, así como el fortalecimiento de los registros en hospitales, centros de reclusión y albergues.
Productores agrícolas del municipio de Tepic denunciaron el aumento de costos y la proliferación de trabas burocráticas para renovar sus concesiones de agua, una situación que, aseguran, pone en riesgo las cosechas y la sustentabilidad del campo en la región.
Durante una reunión encabezada por César Castañeda, presidente de la Asociación de Unidades de Riego de Tepic, los agricultores acusan que, a pesar de los discursos oficiales de apoyo al sector agrícola, deben cubrir gastos de entre $15,000 y $20,000 pesos en trámites notariales, enfrentar múltiples requisitos administrativos y, en muchos casos, recibir negativas sistemáticas para actualizar sus permisos de agua.
Costos de riego se duplican y abandonan cultivos
Los productores detallaron que el costo de riego por hectárea ha pasado de $800 pesos a entre $1,800 y $2,200 pesos en los últimos años, esta situación ha llevado a que algunos cañeros decidan abandonar sus cultivos ante la baja en los precios de la caña y la falta de garantías de pago.
Aunque existen programas federales de tecnificación y conservación del agua, señalaron que los apoyos no llegan al campo, implementar sistemas de riego por aspersión o construir bordos de retención puede costar hasta $200 000 pesos, una inversión inalcanzable sin apoyo gubernamental.
Falta de estrategias contra plagas
Además de los problemas de acceso al agua, los campesinos denunciaron la ausencia de programas oficiales para combatir plagas como la "gallina ciega" en los cultivos de caña y la "palomilla" en los de chile y jitomate; actualmente, cada productor debe costear por su cuenta los tratamientos fitosanitarios.
Ante este panorama, los productores exigieron a las autoridades federales y estatales establecer una agenda de trabajo con fechas definidas para resolver la actualización de concesiones, así como crear esquemas de financiamiento accesibles para infraestructura hídrica; actualmente, más de 55 comisariados ejidales en el municipio enfrentan los mismos problemas, en un contexto en el que los presupuestos destinados al campo disminuyen año con año.
La actividad agrícola en Nayarit atraviesa una situación complicada que afecta tanto la producción como la capacidad de exportación, principalmente por la falta de presupuesto y apoyos para el manejo de plagas.
Uno de los principales obstáculos para exportar a mercados como el de Estados Unidos es el cumplimiento de requisitos fitosanitarios establecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA); actualmente, muchas exportaciones se realizan a través de intermediarios o desde otros estados que sí cuentan con la autorización correspondiente, en Nayarit, la certificación no ha sido posible debido a la presencia de plagas que no han sido erradicadas.
Entre las plagas más comunes se encuentra el gusano barrenador de rama en cultivos frutales, así como la "gallina ciega" en la caña y la "palomilla" en hortalizas como el chile y el jitomate; aunque algunas variedades están libres de ciertas plagas, como el gusano barrenador de hueso, lo que permite su comercialización dentro del territorio mexicano, pero estas condiciones no son suficientes para acceder al mercado estadounidense.
El control de plagas requiere una inversión constante y preventiva, que actualmente no se está aplicando de forma generalizada debido a la falta de recursos económicos; en la práctica, los productores deben asumir los costos, lo que limita su capacidad para implementar medidas eficaces a tiempo.
En años anteriores existieron programas que combinan recursos estatales y federales para apoyar al sector agrícola con infraestructura, sanidad vegetal y otras necesidades, la desaparición de estos esquemas ha reducido la capacidad de respuesta ante problemas sanitarios en el campo.
Ante este panorama, la mayor parte de los productos agrícolas de Nayarit son vendidos como materia prima a empresas de otros estados, que los procesan y exportan, captando así la mayor parte del valor económico.
