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El Gobierno de México inició un proceso de diálogo con Estados Unidos para evitar que se imponga un arancel del 20.91% a los tomates mexicanos, una medida que, según autoridades mexicanas, se basa en acusaciones infundadas de competencia desleal.
Así lo informó este martes el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, durante la conferencia matutina del Gobierno.
"Vamos a empezar a conversar, a dialogar, como siempre ha dicho la presidenta, buscamos el diálogo y vamos a ver en qué termina esto", declaró Berdegué. El funcionario explicó que aún hay un plazo de 90 días antes de que el nuevo gravamen entre en vigor el próximo 14 de julio, por lo que confía en que se pueda alcanzar una solución a través de negociaciones diplomáticas.
La medida fue anunciada por el Gobierno de Estados Unidos bajo el argumento de que el sistema actual de importaciones no protege a los productores estadounidenses del supuesto "dumping" de tomates mexicanos, es decir, la venta por debajo de su costo real.
Con esto, Washington pretende revertir el acuerdo alcanzado en 2019 durante la administración de Donald Trump, que eliminaba temporalmente aranceles para este producto.
Berdegué aseguró que las acusaciones provienen principalmente de productores de tomate en Florida, quienes, afirmó, llevan décadas señalando sin fundamentos que México vende sus tomates por debajo del costo. "No es cierto, pero llevan décadas en esa historia", comentó. Añadió que estas investigaciones antidumping son comunes, pero en este caso no están justificadas.
El secretario también advirtió sobre el impacto que esta medida tendría en los consumidores estadounidenses, pues el 90% de los tomates que importa Estados Unidos provienen de México, y seis de cada 10 tomates que se consumen en ese país son de origen mexicano. "Simplemente van a pagar 21% más caros sus tomates", dijo.
Además, subrayó que México no tiene un mercado alternativo tan amplio para estos productos, ya que el 99.8% de sus exportaciones de tomate van hacia Estados Unidos. Tan solo en 2023, las ventas mexicanas de tomate al país vecino ascendieron a 2 mil 562 millones de dólares, según cifras del sitio oficial Data México.
La posible imposición del arancel no solo afecta a los productores mexicanos, sino también al comercio agrícola entre ambas naciones, que ha sido un pilar en la relación económica bilateral. Por ello, México insiste en que el diálogo y la cooperación deben prevalecer para evitar un conflicto comercial que perjudique a ambos lados de la frontera.
En México los programas sociales han sido utilizados como una vía para la movilización electoral. Desde la década de los ochentas con el Programa Nacional de Solidaridad hasta los programas del bienestar, la entrega de recursos públicos puede estar condicionada por factores políticos. Y se crea una relación clientelar.
En el Estado de México operan ocho diferentes programas de becas educativas, desde becas por aprovechamiento académico, hasta becas específicas destinadas a las olimpiadas del conocimiento, la profesionalización, estancias académicas en el extranjero y becas universales. Todas llevan el apellido del bienestar.
Por ejemplo, el programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico inició en 2024 con la entrega de 65 mil becas a estudiantes de educación básica y superior. La beca Rita Cetina podría llegar a 850 mil estudiantes.
El Estado de México es la entidad con mayor cantidad de becarios en el país. La Beca Benito Juárez apoya a 565 mil estudiantes y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuenta con 220 mil.
Para los jóvenes inscritos, las becas se convierten en un ingreso adicional que permite sortear un entorno económico adverso. Al mismo tiempo, crea una difusa identificación clientelar.
Los jóvenes sugieren que, en lugar de recortar estos apoyos, deberían ampliarse y aplicarse con reglas más claras para garantizar su acceso a un espectro más amplio de estudiantes.
De acuerdo con cifras oficiales, en el sexenio pasado se destinaron 364 mil millones de pesos a becas, para 22 millones de estudiantes del país que con el tiempo consolidan una relación asimétrica, de dependencia y voluntad limitada.
Vecinos del condado de Sayavedra ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza denunciaron que la invasión de predios e inmuebles ya llegó a la que alguna vez fue la zona más exclusiva y segura del país.
En entrevista exclusiva denunciaron que un supuesto sindicato llamado 22 de octubre se apoderó de un inmueble y de un predio contiguo.
Narraron que el dueño salió de compras y al llegar a su domicilio ya había cadenas y candados en los accesos principales y había una persona adentro.
Aunque denunciaron ante la fiscalía, el supuesto invasor dijo que lo había contratado el supuesto "patrón" para colocar las cadenas. Al no comprobarle el delito fue liberado.
Sin embargo, los dueños legítimos comenzaron a recibir llamadas de amenazas, la cual concluyó con la muerte del propietario quien fue encontrado muerto con impactos de bala.
Ante el temor, la familia decidió irse pero los invasores colocaron una lona del sindicato 22 de octubre y colocaron cámaras de seguridad en el inmueble.
Además de esto, los colonos denunciaron que otro sindicato auto llamado "los julios" se apoderó de un predio dentro del mismo fraccionamiento.
Señalan de manera directa al grupo de seguridad privada encargada de la seguridad del fraccionamiento dentro estar coludido con los grupos criminales que ingresan y realizan sus fechorías con total impunidad.