EE.UU. sanciona a líderes venezolanos por fraude electoral
Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a varios líderes de la autoridad electoral de Venezuela, así como a miembros de la Corte Suprema, la Asamblea Nacional afiliada a Nicolás Maduro, militares y miembros de los servicios de inteligencia. Entre los sancionados se encuentran figuras importantes como Rosalba Gil Pacheco, presidenta de la Corte Suprema; Domingo Antonio Hernández Lárez, rector del Consejo Nacional Electoral y el número tres de la Fuerza Armada; y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estas medidas fueron adoptadas en respuesta al supuesto fraude electoral en las recientes elecciones.
El presidente Biden afirmó que 16 funcionarios venezolanos obstaculizaron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados precisos. Desde el 28 de julio, Estados Unidos ha solicitado que Maduro muestre las actas electorales, sin embargo, aún no lo han hecho. Las sanciones incluyen la congelación de activos en territorio estadounidense, además de prohibir que personas o empresas estadounidenses realicen negocios con los sancionados.
La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de seis años provocó una serie de protestas que resultaron en 27 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
En un comunicado emitido hoy, Estados Unidos denunció que el gobierno venezolano no respetó la voluntad del pueblo al adjudicarse falsamente la victoria en las recientes elecciones. Además, señaló que la represión y la intimidación contra la oposición democrática son tácticas del régimen para "aferrarse" al poder de manera ilegítima. Entre estas tácticas se incluye una orden de arresto contra el ex candidato presidencial, presunto ganador de los comicios, quien ha solicitado asilo político en España debido a estas prácticas por parte del gobierno.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó enérgicamente la acusación de Estados Unidos, calificando las sanciones como un "crimen de agresión" y un acto para congraciarse con una clase política que busca derrocar la democracia bolivariana. A pesar de que en abril Washington reactivó sanciones sobre el sector petrolero venezolano, otorgó licencias a compañías como Chevron y Repsol para operar en el país, lo que según el senador Dick Durbin, ha permitido a Maduro mantener su estado policial.
La OEA también acusó al régimen de Maduro de forzar al exilio al opositor Edmundo González Urrutia, a quien considera el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio.
