La defensoría pública; frágil eslabón de la justicia
En México, la Defensoría Pública es un elemento fundamental para garantizar el acceso a la justicia de miles de personas que, por limitaciones económicas, no pueden contratar abogados privados.
Este servicio, ofrecido de manera gratuita, asegura que aquellos en situación de vulnerabilidad reciban una representación legal justa y adecuada.
Sin embargo, en México, la Defensoría Pública enfrenta grandes desafíos debido, en gran medida, a la limitación de recursos, pues aunque cumple una función esencial para garantizar el acceso a la justicia, muchas de sus oficinas operan con presupuestos reducidos.
Entre 2021 y 2023, el presupuesto asignado al Instituto Federal de Defensoría Pública sufrió una reducción sustancial de 17 mil millones de pesos, limitando aún más su capacidad para brindar una defensa adecuada a quienes más lo necesitan.
La falta de personal, genera una sobrecarga de trabajo para los defensores, quienes en ocasiones deben atender un número elevado de casos.
Al cierre de 2023, el Instituto Federal de la Defensoría Pública y las Unidades Estatales de defensoría pública registraron un total de 9,709 personas trabajando en sus delegaciones; en el estado de México tan solo hay 464 defensores públicos.
En promedio, cada defensor representa a 163 personas imputadas anualmente.
La falta de presupuesto y de defensores públicos suficientes limita gravemente el acceso a una defensa adecuada, especialmente para las personas de bajos recursos. Esta situación no solo sobrecarga a los defensores, sino que también compromete la calidad de su labor, afectando la equidad y efectividad del sistema de justicia.
