Los riesgos de los activistas; en la mira y sin protección
La democracia implica el respeto que las mayorías deben a las minorías y a los sectores vulnerables de la sociedad.
Para los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que alzan la voz contra las leyes y las prácticas gubernamentales injustas, cuestionan la opinión pública o a quienes están en el poder, y exigen justicia, dignidad y libertad cada vez hay más riesgos de violencia y rechazo.
Los activistas y personas pertenecientes a ONGs en su camino de lucha, suelen enfrentarse a campañas difamatorias y hostigamiento, a procesamientos por cargos falsos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas e incluso la muerte o desapariciones forzadas sólo por la labor que desarrollan, en su mayoría son activistas que luchan por los derechos humanos y derechos ambientales.
El año 2023, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental seis de cada diez personas defensoras de ambiente y territorio que sufrieron una agresión son indígenas; también se colocó al 2023 como el segundo año más violento para los activistas ambientales, con 123 eventos de agresión, detrás de 2022, cuando se registraron 197.
En el Estado de México es difícil el mantenimiento de un espacio abierto y saludable para la sociedad civil, por ello, en los últimos años se ha agudizado la necesidad de brindar apoyo y protección a las personas que, por su profesión o por las actividades que realizan, se encuentran en situación de riesgo.
