En una entrevista telefónica con Luis Amatón, Ariadne Lamont aborda la problemática de la violencia contra la mujer en Torreón, Coahuila, y la necesidad urgente de declarar una alerta de género en el municipio. A pesar de que municipios vecinos como Gómez Palacio y Lerdo ya cuentan con esta medida, Torreón sigue sin implementarla, incluso después de cuatro feminicidios recientes.
Ariadne recuerda que en 2017 se solicitó la alerta de género para Torreón, pero la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no la declaró, a pesar de que cuatro puntos clave se cumplieron solo parcialmente. Destaca que, aunque se realizaron cambios como la creación de protocolos de investigación y unidades especializadas, la calidad y continuidad de estas medidas han decaído con el tiempo.
Lamont subraya que la alerta de género no previene directamente las muertes, sino que obliga al Estado a revisar y mejorar sus mecanismos de justicia y protección. Menciona ejemplos específicos de fallas, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que sigue siendo insuficiente en recursos y personal. También critica la resistencia del estado en equiparar el delito de estupro a violación, lo cual afecta gravemente la protección de adolescentes.
Ariadne concluye que la violencia feminicida en Torreón, caracterizada por la complicidad de la sociedad y el estado, requiere acciones más contundentes. Casos de violencia vicaria y la inadecuada actuación de jueces y ministerios públicos ejemplifican las graves deficiencias del sistema.
Armando "N", alias "El ajenjo", fue detenido durante un operativo en Querétaro, es acusado del delito de extorsión y las autoridades lo vinculan con diversas actividades criminales en la Ciudad de México y el Estado de México.
El líder criminal se dedicaba presuntamente al robo a transporte de carga, homicidios y venta de droga y fue arrestado gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como la Fiscalía del Estado de México.
Operaba en distintos municipios del Estado de México y varias alcaldías de la capital del país, y contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de extorsión.
Tras labores de investigación y análisis tecnológico, fue ubicado en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. Elementos de las fuerzas de seguridad lo localizaron en un centro comercial de la colonia Centro, donde corroboraron su identidad y procedieron a su captura.
Al momento de su detención, a Armando "N" se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.
En los últimos años, México ha enfrentado una de las sequías más severas de su historia reciente, afectando de manera crítica al Estado de México, que atraviesa una de las temporadas de estiaje más intensas. Esta situación no solo ha evidenciado la alarmante escasez de agua, sino también ha dejado al descubierto un grave deterioro ambiental que permanecía oculto desde hace décadas. La escasez de agua ha puesto al descubierto la contaminación generalizada en ríos, canales y arroyos. Con los caudales reducidos, afloran los desechos que antes permanecían sumergidos. En el Valle de Toluca, los cauces por ejemplo el río Lerma en la Zona de San Mateo Atenco presentan un alto grado de contaminación al grado de que en su interior se pueden observar desperdicios de todo tipo desde neumáticos y bolsas de plástico hasta animales muertos. A nivel estatal, la magnitud del problema es enorme, cada día se generan más de 16 mil toneladas de residuos sólidos, y una parte significativa termina en ríos, canales y arroyos. El impacto de esta contaminación va más allá de lo visible, pues también afecta el subsuelo, comprometiendo la calidad del agua y los ecosistemas que dependen de ella. a escasez y la contaminación del agua forman un círculo vicioso que agrava la crisis ambiental en el Estado de México. Con menor cantidad de agua fluyendo, los contaminantes se acumulan en mayor proporción, lo que incrementa su concentración y los daños al ecosistema. Esta situación impacta directamente la vida acuática de peces, plantas y otros organismos poniendo en riesgo el acceso al agua para el consumo humano, así como para actividades esenciales como la agricultura y la ganadería.
En México, hablar de justicia social sigue siendo una tarea pendiente, especialmente cuando se trata de las trabajadoras del hogar.
De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), actualmente solo el 2.6% de las trabajadoras del hogar están afiliadas. Es decir, de los casi 2.5 millones de personas que se dedican a esta actividad, apenas 62 mil 831 cuentan con seguridad social. Esto significa que el 97.4% sigue sin acceso a servicios de salud, incapacidades, ahorro para el retiro o servicios de guardería.
La reforma que volvió obligatoria la afiliación al IMSS de las personas trabajadoras del hogar, impulsada como una medida histórica, no ha tenido el impacto esperado. La falta de cumplimiento, supervisión y voluntad real de muchos empleadores impide que estos derechos se materialicen
En el Estado de México, una de las entidades con mayor número de trabajadoras del hogar, según el IMSS, 3 mil 900 trabajadoras del hogar están afiliadas, con 700 nuevas inscripciones en lo que va de 2025. Aunque estos datos representan un avance importante siguen siendo insuficientes frente al universo de personas que ejercen esta labor en condiciones de precariedad.
Desde el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Personas del Hogar A.C. se ha advertido con claridad: no hay justicia ni equidad mientras se siga invisibilizando y menospreciando el trabajo del hogar.
Dignificar el trabajo del hogar no es una concesión, es una deuda histórica.
