Pueblos indígenas demandan reconocimiento como sujetos de derecho público
La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas del Parlamento Abierto para la reforma constitucional y legal de la entidad logró consensos en la propuesta de Enrique Soteno Reyes para reconocer a los pueblos y comunidades originarias como sujetos de derecho público a fin de proteger y garantizar su autonomía y forma de organización tradicional, así como para crear el Concejo de los Pueblos Indígenas Residentes y Afromexicanos del Estado de México, como un órgano autónomo.
El Parlamento Abierto respaldó también la propuesta de Marilyn Ramón Medellín para que el Estado garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, asignando recursos para prevenir los embarazos y matrimonios a temprana edad, así como la iniciativa de Santos Ismael Alvarado de Jesús para crear la Procuraduría de la Defensa Indígena, como un órgano autónomo adscrito al Poder Judicial.
En la quinta jornada del Parlamento Abierto convocado por el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), la comisión presidida por Ausencio Valencia Largo, inició el análisis de 22 iniciativas ciudadanas, alcanzado consensos en 14 procedentes de las mesas de trabajo a las que previamente invitó la Comisión de Asuntos Indígenas de la LX Legislatura.
La comisión también respaldó las propuestas para garantizar la representación indígena en los municipios; reconocer como pueblos originarios de la entidad a los Acolhua, Chalca y Tepaneca, así como de Miguel Ángel Pavón Ávila sobre el derecho a la salud y para fortalecer la medicina tradicional, apoyada por el coordinador general del Sectec, Mauricio Valdés Rodríguez, quien dijo que esto puede ser una posible fuente de recursos básicos para las comunidades.
El Parlamento Abierto respaldó también las propuestas para que pueblos y comunidades originarias reciban, administren y vigilen recursos municipales, estatales y federales, en forma directa, proporcional, justa y equitativa; que se les reconozca el derecho a ser consultados sobre acciones, políticas u obras que impacten en sus territorios, así como que puedan establecer y controlar los sistemas e instituciones que impartan educación conforme a sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje, los cuales tendrán el reconocimiento y apoyo del Estado.
También lograron consenso las iniciativas para que el uso y administración de los centros ceremoniales además de bienes (tangibles e intangibles) y todo aquello que emane de las expresiones y manifestaciones culturales es facultad y propiedad de los pueblos indígenas; y reconocer que estos pueblos tienen derecho a decidir el desarrollo al que aspiran. Las restantes ocho iniciativas se analizarán en una próxima sesión.
